D R POSTED ON JULIO 22, 2019 0 902 Views 0
Mientras Nicolás Maduro y sus secuaces inventan cada día nuevas maneras para colocar y movilizar, en el sistema financiero internacional, los dineros producidos por la amplia gama de actividades ilegales del régimen –narcotráfico, contrabando de minerales preciosos, petróleo y combustibles, o simple y llana corrupción-, un pequeño pero poderoso ejército coordina, sin descanso, una serie de acciones secretas cuyo objetivo final es cortarle todo el oxígeno financiero posible a la dictadura a través de una compleja estrategia que mezcla tecnología super avanzada, expertos sabuesos informáticos e investigadores en todo el mundo.
Las misiones secretas están a cargo del misterioso grupo élite conocido como El Dorado Task Force, un sofisticado y letal equipo coordinado por Homeland Security Investigations (HSI), que reúne a 260 miembros provenientes de 55 agencias federales y departamentos policiales estatales y locales. La sede central del grupo El Dorado está en una cuadra entera de edificios discretos en Midtown Manhattan, con “sucursales” en otros edificios del área metropolitana de New Jersey, y reúne una variada gama de personal altamente entrenado: agentes de cuerpos federales como el FBI, DEA, IRS, Fincen, fuerzas especiales de la policía de Nueva York (NYPD), analistas de inteligencia y fiscales del Departamento de Justicia.
El objetivo central de este grupo especial es perseguir los crímenes financieros, particularmente operaciones de lavado de dinero procedentes del narcotráfico o de la corrupción y del pago de sobornos en todo el mundo, conectados de una u otra forma con el sistema financiero norteamericano, a través del corazón de las finanzas mundiales que es Nueva York.
Desde hace más de una década, Venezuela está en el centro de las indagaciones de El Dorado Task Force. Una de las más importantes investigaciones de este grupo fue el caso de los $4,000 millones en un banco de Andorra conectados a Pdvsa, por orden del entonces presidente de la estatal, Rafael Ramírez.
El equipo trabaja con agentes encubiertos que a su vez se conectan con operadores que conducen operaciones sospechosas de lavado, principalmente en Suramérica.
Con frecuencia, operadores de El Dorado se reúnen y participan con testaferros o expertos que trabajan para organizaciones criminales o funcionarios corruptos para lavar dinero a través del sistema financiero internacional, lo cual les ha permitido construir casos judiciales y detener criminales en todo el mundo.
El Dorado ha tenido bajo su responsabilidad toda la investigación de las operaciones de narcotráfico y apoyo al terrorismo de Tarek El Aissami y su testaferro Samark López, ambos sancionados y encausados judicialmente en Estados Unidos.
De hecho las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra El Aissami y López se basó en el extenso expediente federal construido palmo a palmo por agentes de El Dorado.
De hecho, una de las últimas operaciones “venezolanas” de El Dorado tuvo lugar en Punta Cana, cuando agentes federales del FBI y la DEA allanaron junto a agentes dominicanos la mansión de Samark López para capturarlo. La operación resultó fallida –presuntamente por filtración de la información que le permitió a López escapar a tiempo a Venezuela.
Sin embargo, los agentes no se fueron con las manos vacías: detuvieron a cuatro personas (dos venezolanos y dos colombianos, que están cooperando con las autoridades). También decomisaron tres vehículos de lujo, una costosa colección de 30 relojes de marca, y $42,000 en cash, entre otros bienes.
Ahora el objetivo de El Dorado es perseguir las fortunas escondidas del entorno íntimo de Nicolás Maduro, y de personajes como los hermanos Jorge y Delsy Rodríguez, los generales Vladimir Padrino, Remigio Ceballos Ichaso y Alexis Rodríguez Cabello (quien se cree es familiar cercano de Diosdado Cabello), entre otros en la lista, según fuentes conocedoras de las operaciones.
Uno de los targets de especial interés es el colombiano Alex Saab, considerado uno de los más importantes testaferros y operadores financieros de Nicolás Maduro.
Saab ha obtenido contratos de Pdvsa por $4,500 millones a través de una pequeña firma registrada en Suiza, Trenaco, pero operada mayormente desde Colombia, superando a otros gigantes de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger y Weatherford.
Saab también es recordado por su otra empresa, Fondo Global de Construcción, contratada por Chávez para construir casas de interés social, implicada en actividades sospechosas en Venezuela, Ecuador y Colombia, entre otros países.
El empresario colombiano está bajo investigación de la DEA por lavado de dinero procedente del tráfico de cocaína, según reportó Reuters. También ha sido vínculado con la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien supuestamente lo llevó de la mano ante Hugo Chávez para promoverlo como su empresario favorito y garantizarle jugosos contratos.
Ha perseguido judicialmente a periodistas del portal Armando Info que han realizado una amplia cobertura sobre sus oscuras actividades, entre ellas los negocios de compra y distribución de alimentos para el programa CLAP
En mayo de este año, Saab fue acusado por la justicia en Colombia de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. Saab se encuentra prófugo desde septiembre de 2018.
Muchas de las investigaciones se están enfocando en las redes financieras recientemente creadas por testaferros chavistas en países como Turquía, Emiratos Arabes Unidos (Dubai), Hong Kong, Rusia, Bulgaria y Sudáfrica.
Estas investigaciones son secretas (por orden de tribunales federales), en gran parte para evitar alertar a los investigados y permitirles escapar o mover los fondos a otras jurisdicciones.
El nivel de presión contra los operadores de Nicolás Maduro y el alto mando madurista de El Dorado Task Force es de tal naturaleza, que ha generado un alto nivel de paranoia en los operadores.
El Task Force, que coopera usualmente con gobiernos e investigadores oficiales en Europa, Asia y América Latina, ha decomisado no sólo cuentas bancarias o transacciones financieras de alto monto que no pueden justificarse, sino propiedades y diversos instrumentos de valor como lingotes de oro y papeles de la deuda cuyo origen se sospecha que no es legal.
¿Provocará El Dorado la salida de Nicolás Maduro? Probablemente no en el corto plazo, pero la presión que ha montado a nivel mundial en contra de los dineros malhabidos de la dictadura, está poniendo en riesgo quizá lo más preciado de los “revolucionarios” venezolanos: no el ideal del socialismo del siglo XXI, sino el sucio dinero del capitalismo salvaje.
El alcance del TIAR
Importantes sectores en Venezuela claman la pronta aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una medida de reinserción al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como el Tratado de Río, creado en 1947 pero del cual Venezuela se salió en 2012 por decisión de Chávez, al igual que Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua.
Como es harto conocido, el TIAR prevé un mecanismo de defensa regional cuando uno de sus miembros es objeto de un ataque. El mecanismo ha sido invocado en varias ocasiones, notablemente durante la Crisis de Misiles en Cuba, en 1962, y luego de los ataques terroristas a Estados Unidos, en 2001.
En 1982 generó controversia cuando durante la Guerra de las Malvinas, Estados Unidos se opuso a asistir a Argentina, argumentando que había sido el agresor y no el agredido, y apoyó a Inglaterra en la contienda. Tal polémica produjo la salida de México del TIAR, efectiva en 1984.
La sola aprobación de una medida para reinsertar Venezuela en el TIAR es un primer paso. Pero es largo y complicado el trecho para pasar de una sencilla resolución a medidas efectivas para ejecutar los mecanismos de defensa recíproca en el terreno.
Si los firmantes del TIAR deciden apoyar a Venezuela activando la maquinaria de defensa regional para expulsar a los “atacantes” (léase Cuba, Rusia, China, Irán, FARC, Hezbolla, entre otros actores internacionales), todavía faltan elementos logísticos cruciales, que por su naturaleza requieren de tiempos mínimos, medidos en varios meses, para amasar la fuerza necesaria para estos fines.
El escenario, si se llega a aprobar, requeriría de la participación de un ejército multinacional, con armas, municiones, equipos electrónicos, posiblemente vigilancia aérea y fuerzas especiales, además de vituallas y campamentos desde donde operar.
Uno o varios de los países vecinos –Colombia, Brasil, Guyana, las ex Antillas Holandesas, Trinidad y Tobago- deberían aprobar que la tal fuerza multinacional opere y lance ataques en sus territorios, lo cual los pondría en la mira de ataques si la dictadura ordena contraataques, que es lo más probable.
“Invocar el TIAR sería un nuevo cruce de raya roja por parte de la oposición venezolana”, dijo hace dos semanas el diputado constituyentista Julio Chávez.
No faltará quien sugiera la idea de que los ataques pueden organizarse, una vez aprobados, desde por ejemplo, un portaaviones norteamericano estacionado frente a Venezuela. La posibilidad de que el presidente Trump ordene una medida semejante luce, en el actual ambiente electoral y político congestionado en Estados Unidos, una opción remota, aunque no totalmente imposible.
Como es natural, la aplicación del TIAR para expulsar a Maduro y los “atacantes” supone importantes costos operativos y logísticos, posiblemente en las decenas de millones de dólares, otro factor clave.
Todavía no está claro cuál sería la reacción a la invocación del TIAR por parte de, por ejemplo, los países del Grupo de Lima, que han descartado una salida de fuerza a la crisis venezolana.
Aún si se llegasen a superar estos factores, sería necesario tiempo para organizar y entrenar soldados, apilar municiones y armamento ligero y pesado en centros operativos.
La realidad es que todavía el Presidente Encargado Juan Guaidó no ha nombrado un Estado Mayor cuya misión sería organizar la aplicación a todo vapor del TIAR. Lo que hay es la designación del comisario Iván Simonovis, como enlace de Guaidó con el Pentágono.
La opción del TIAR tiene el evidente factor tiempo en contra. Según expertos, se requiere un mínimo de tres meses para armar una fuerza expedicionaria consistente que pueda causar un impacto real, comenzando por el psicológico, en la vía de expulsar a Nicolás Maduro del poder.
Los escenarios son variados pero surgen preguntas: ¿Cuántos soldados y de donde saldrán? ¿Cuál será la reacción de la Fuerza Armada Bolivariana, profundamente desmoralizada pero al mismo profundamente temerosa? ¿Qué papel jugarán las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China?
El fracaso de la paz con las FARC
En la vasta región de Catatumbo, que abarca ambos lados de la frontera entre Venezuela y Colombia, hombres y mujeres armados circulan por lo pueblos, imponiendo toques de queda nocturnos, repartiendo panfletos amenazantes e intercambiando disparos regularmente.
Es la realidad que se impone y muestra el fracaso de los esfuerzos para alcanzar la paz con las FARC, con graves consecuencias para los pobladores de ambos países.
El tema es altamente preocupante. Se estima que un tercio de los combatientes de las FARC están nuevamente alzados en armas. No sólo porque ellos mismos ven los acuerdos de paz promovidos por el ex presidente Juan Manuel Santos casi como letra nula; sino principalmente porque hay mucho más dinero en el tráfico de drogas, la extorsión y la minería ilegal, que trabajando honradamente en proyectos financiados por el gobierno de Bogotá.
Hasta una parte importante del liderazgo de las FARC, específicamente los dirigentes Iván Márquez y Jesús Santrich, acusados por Estados Unidos de continuar en el narcotráfico a pesar de los acuerdos de paz, se encuentran prófugos y escondidos en Venezuela, según informes de la inteligencia militar colombiana.
Después del acuerdo de paz, otro grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (o ELN), intentó ocupar el vacío de poder que dejaron las Farc, y ahora se está aprovechando de la crisis venezolana para expandirse a otras zonas, como la región minera del estado Bolívar y en otra docena de estados en el interior del país, un fenómeno que no tiene precedentes.
Y Nicolás Maduro se aprovecha de su cercanía ideológica tanto con las FARC como el ELN para tratar de reforzar su estructura dictatorial.
En la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, los vientos de guerra amenazan con volver insignificantes los acuerdos negociados por Santos y la guerrilla.
A principios de este mes de julio, por ejemplo, combatientes del ELN intentaron volar un puente para aislar una zona del Catatumbo -que abarca partes del estado Zulia en Venezuela y Norte de Santander en Colombia-, y detener un posible ataque del ejército colombiano. En un segundo ataque, irregulares lanzaron granadas contra contra la sede de la fiscalía en Ocaña, una ciudad a 200 kilómetros al oeste de Cúcuta.
En la localidad venezolana de Ureña, muy cerca de la frontera con Colombia, tres grupos de irregulares pelean una guerra sin cuartel: el ELN, grupos disidentes de las FARC, y fuerzas Paramilitares.
A este violento caldo de cultivo se unen las actuaciones de grupos como las FAES y la llamada guerrilla bolivariana, en realidad grupos de criminales que actúan bajo la protección de uniformes y armas oficiales. ¿Cómo y quién detiene esa violencia?
Breve relación del foro de Sao Paulo
Esta semana se reúne en Caracas el llamado Foro de Sao Paulo (FSP), en su edición número 22, un grupo que reunirá a líderes izquierdistas latinoamericanos, una buena parte de ellos incursos, señalados y/o acusados de cometer varios de los peores crímenes, incluyendo violación de derechos humanos, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
El FSP era un movimiento creado en 1990 en Brasil por Fidel Castro junto a líderes políticos del Partido de los Trabajadores (PT) encabezados por Lula Da Silva, para replantear estrategias de la izquierda continental ante desplome del bloque soviético.
Desde su creación, el foro fue un punto de encuentro de un conglomerado identificado con políticas izquierdistas y antiimperialistas, que incluían desde “luminarias” intelectuales hasta grupos radicales y guerrilleros.
Casi una treintena de países enviaron representantes a la reunión inaugural en Sao Paulo en julio de 1990, que se llamó formalmente “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda y Antiimperialistas de América Latina”.
El objetivo inicial del evento fue resumido como el “renovar el pensamiento izquierdista y socialista, reafirmar su carácter emancipante, para corregir concepciones erróneas”, aunque los objetivos iban mucho más allá de esa declaración.
Entre las figuras destacadas, además de Fidel Castro, se encontraban el ministro sandinista del Interior Tomás Borges, y el propio Lula, que encabezó el evento promoviéndose como un carismático líder obrero de extracción humilde y el eterno candidato de la extrema izquierda brasileña.
Por Brasil, además de Lula, asistieron como miembros fundadores intelectuales muy admirados por Chávez como el escritor y activista Frei Betto, autor de un libro sobre Fidel y la Religión; el teólogo de la liberación Leonardo Boff, el educador Paulo Freire y el novelista Roberto Drummond. También se sumaron figuras como el cantante Chico Buarque, además de la plana mayor del PT.
Otras figuras continentales incluyeron Marta Harnecker y Silvio Rodríguez (Cuba); Volodia Teitelboim y Patricio Echegaray, jefes del Partido Comunista de Chile y Argentina, respectivamente; Rigoberta Menchú, que dos años después ganaría el Premio Nobel de la Paz, por Guatemala; y los sacerdotes Miguel D’Escoto y Fernando Cardenal S.J., que oficiaban como ministros de Relaciones Exteriores y de Educación, respectivamente, del gobierno Sandinista de Nicaragua.
Al final de la lista, al lado del poeta uruguayo Mario Benedetti y su coterráneo Eleuterio Fernández Hidobro, líder histórico del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, apareció un ex guerrillero que jugaría un papel crucial en el futuro gobierno de Chávez: Alí Rodríguez Araque, entonces representante del partido La Causa R, con el cual Chávez mantenía estrechas relaciones, y era la única organización venezolana que integró el colectivo fundacional del FSP.
A pesar de que Chávez era visto con recelo por su condición de militar, entre 1994 y 1995 según algunas fuentes de inteligencia, Chávez visitó varios países latinoamericanos en un tour patrocinado por el FSP, en compañía de su entonces asesor político, el ideólogo argentino Norberto Ceresole.
Fidel, que había cultivado a Chávez como a un hijo ideológico, le recomendó integrarse al Foro de Sao Paulo como una manera de promover más eficazmente su proyecto de revolución bolivariana continental.
Siguiendo la sugerencia de Castro, Chávez solicitó la membresía para su movimiento político, llamado entonces Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) al Foro de Sao Paulo tan temprano como mayo de 1995, en la conferencia del foro en Montevideo.
El Foro es en la actualidad un refugio de la izquierda que una vez estuvo en el poder y ahora con excepciones, se encuentra completamente al margen de la ley.
El objetivo ahora será reforzar en lo posible (o dar la idea de reforzamiento) el tambaleante régimen de Nicolás Maduro, antes de que el colapso final barra con lo que queda no de la caída del bloque soviético, sino del engaño que ha sido hasta ahora el socialismo del siglo XXI.
Los efectos perniciosos de Petrocaribe
Catorce años después de la creación de Petrocaribe, en junio de 2005, los resultados del programa inventado por Hugo Chávez para manipular, y en algunos casos sobornar varios de los gobiernos caribeños, el balance es completamente negativo para todos los implicados, según expertos en la materia.
Muchos gobiernos regionales que integraron Petrocaribe todavía deben miles de millones de dólares a Venezuela, que ni siquiera pueden pagar logísticamente debido a las sanciones de Estados Unidos.
Según David Goldwyn, consultor internacional de energía basado en Washington DC, el acceso relativamente barato al petróleo facilitado a través de PetroCaribe dejó a muchas naciones caribeñas atadas a plantas de energía ineficientes y que envejecieron sin posibilidad de renovarse.
Y la deuda del programa ahora hace que sea difícil para esos países financiar una infraestructura de energía nueva y más limpia, por ejemplo, para la energía solar o el gas natural.
“No solo están altamente endeudados, también son considerados de ingresos medios (por las agencias de desarrollo internacional) debido a su pequeña población”, afirmó Goldwyn en una entrevista.
“Así que ahora están realmente limitados en términos de la capacidad de acceder a los mercados de capital para impulsar el desarrollo. Desde una perspectiva fiscal, en muchos casos Petrocaribe hizo un daño muy importante”.
Quizá el mayor daño ocurrió en Venezuela, donde luego de décadas enviando crudo en condiciones muy preferenciales, ahora no hay ni gasolina para su propia población.
