El general de división Carlos Antonio Seijas García, de alto prestigio en la Fuerza Aérea, tomó la decisión el 26 de mayo. Ya no se presenta en su unidad militar
Por Sebastiana Barráez 31 de mayo de 2019 desde Caracas, Venezuela
General de División Carlos Antonio Seijas García
Eso ocurrió el 26 de mayo 2019, cuando el alto oficial dejó de presentarse a su unidad militar y dio ese paso tan difícil para quien tiene casi tres décadas en la institución castrense y que ha coronado parte importante de su carrera militar.
Seijas García, de 52 años de edad, es un militar con buenas credenciales en la Fuerza Aérea. En el 2016, siendo comandante de la Brigada de Defensa Aérea Región Los Andes, dijo en Táchira, durante la celebración del primer grito de la Independencia ocurrido el 19 de abril de 1810, que las revoluciones "casi siempre surgen del choque de los imperios.
Ejemplos vivos son la Revolución del año 1797 de Gual y España, así como la revolución que antecedió al generalísimo Francisco de Miranda en los intentos de 1806, ambas despertaron el grito de libertad que hoy subyace y que fue rescatado por la revolución bolivariana y que todos debemos defender y preservar".
Para ese momento el alto oficial estaba convencido que "desde la llegada al poder del Comandante Supremo Hugo Chávez se logró el rescate, defensa y consolidación del bien más preciado y reconquistado por la lucha revolucionaria como es la independencia y la soberanía nacional, a través de la unión cívico-militar y el poder entregado al pueblo".
En ese entonces aseguró que "hoy más que nunca las venezolanas y los venezolanos levantan su voz contra el imperio y contra cualquier potencia extranjera que quiera volver a la época del dominio imperial por las armas, o por cualquier otro método de persuasión", dijo en el 2016.
Ese oficial, quien en su época de capitán estuvo haciendo curso en Estados Unidos, ha decidido no seguir bajo las órdenes de Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó como su Comandante en Jefe.
Juan Guaidó (AFP)
Difícil decisión
Además la situación venezolana ha colocado a los militares en una situación especial, partiendo del hecho que desde el 10 de enero Nicolás Maduro no cumple con los estrictos de ley para ser considerado presidente de la República, considerando que las elecciones del 20 de mayo 2018 entraron en un marco de dudosa legalidad y que además no fue juramentado ante la Asamblea Nacional.
De manera que la proclamación del presidente del parlamento Juan Guaidó, como presidente interino estaría enmarcado en la Ley, pero para este momento ya ese plazo se ha vencido.
Entonces los militares venezolanos están ante dos presidentes de la República, ante una legal y legítima Asamblea Nacional y una ilegal de origen Asamblea Constituyente. No la tienen nada fácil los militares a la hora de decidir.
A los uniformados que han tomado la decisión de desconocer a Maduro, les abren procedimientos según el Código Penal, cuyo Capítulo I se refiere a "Traición a la patria" y se lee en el artículo 128:
"Cualquiera que, de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años".
El artículo 131: "Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, y a tiempo que Venezuela se halle amenazada de guerra extranjera, favorezca, facilite o ayude directa o indirectamente, con revueltas intestinas, o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras, planes o propósitos de los enemigos extraños y no se aparte de aquellas revueltas, ni se retraiga de dichos actos a la primera intimación de la autoridad pública o por propia o espontánea deliberación, será castigado con presidio de doce a veinticuatro años".
Y el artículo 132 reza: "Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.
En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho".
