DESTACADA VENEZUELA
julio 2, 2020 Editor
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó el informe de la ONU sobre la crisis en Venezuela y Nicaragua.
Human Rights Council 44th Session
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Introduction of the reports of the Secretary-General and the High Commissioner on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine and in the Bolivarian Republic of Venezuela and oral update on the human rights situation in Nicaragua.
Statement by Michelle Bachelet
United Nations High Commissioner for Human Rights
2 July 2020
Madame President,
Distinguished delegates,
Excellencies,
Colleagues, Friends,
I am honoured to present reports by the Secretary General and my Office on the human rights situation in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine and in the Bolivarian Republic of Venezuela.
I will also briefly update the Council on the human rights situation in Nicaragua, as mandated by resolution 43/2.
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La actualización del informe
Actualización de su informe sobre Nicaragua
Actualización del Informe sobre los derechos humanos en la Nicaragua
Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos.
El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi Oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.
Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.
Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos.
Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados.
Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior.
Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios.
Sin embargo, ninguno de los 86 «presos políticos» registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.
Señora Presidenta y miembros del Consejo,
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos.
Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha, al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.
El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camoapa. Desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.
La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables.
Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano.
Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores.
Insto también al Consejo a que continúe monitoreando la situación.
Informe sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela
Actualización de su informe sobre Venezuela
Presento ahora mi informe sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/Res/42/4). El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
Valoro positivamente el incremento del acceso de mi Oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019.
Agradezco al Gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.
Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.
La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19.
Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia.
Mi Oficina siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión. Aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe.
Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento.
Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición.
Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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Gracias, Presidenta.
Tomamos nota de la presentación de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
El mandato dado a su Oficina en la resolución 48/141 de la Asamblea, está inspirado en el espíritu de diálogo con los Gobiernos, en estricto apego a los principios del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Si verdaderamente se condenara la politización, selectividad y los dobles raseros en este Consejo, hoy no se estaría hablando de Venezuela, sino de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en países de nuestro Continente, donde la discriminación racial y la violencia contra las minorías y grupos vulnerables campea a sus anchas, como ocurre en los Estados Unidos de América.
Desde la última presentación de la Alta Comisionada, el Gobierno de Donald Trump ha incrementado su asedio a Venezuela con la imposición nuevas medidas coercitivas
unilaterales que están causando muerte, dolor y sufrimiento al pueblo venezolano.
Continúan el secuestro de los activos de Venezuela en el exterior. El congelamiento y el saqueo de miles de millones de dólares en bancos extranjeros, que priva al Estado venezolano de recursos indispensables para adquirir alimentos, medicinas e insumos médicos en el exterior.
Se persiguen los buques de países hermanos que transportan gasolina necesaria para el normal funcionamiento del país, cuya producción se ha visto afectada por las sanciones ilegales.
Venezuela ha confirmado la visita al país de la Relatora Especial sobre el Negativo Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, señora Alena Douhan, del 3 al 14 de agosto del presente año. Esperamos el apoyo de la Oficina para que esta visita se realice.
60 mil Compatriotas que salieron del país por el impacto de estas ilegales medidas, y por la xenofobia en países de la región- hoy han regresado.
Valoramos que la Alta Comisionada haya reconocido el impacto negativo de estas medidas en el disfrute de los derechos humanos.
Las principales falencias que muestra nuestra economía, la falta de insumos, y en la prestación de servicios públicos, tiene que ver con la imposición de las criminales medidas unilaterales.
A pesar de estas agresiones, la inversión social en Venezuela se mantiene.
A través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, más 6 millones de familias se benefician con la distribución de alimentos.
Mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela se han construido más de tres millones ciento tres mil doscientas ochenta y una (3.103.281) viviendas dignas.
En Venezuela los programas de salud, educación, deporte y cultura son totalmente gratuitos, incluso, para los migrantes y refugiados.
En la lucha contra el COVID-19 se implementó un mecanismo gratuito de despistaje masivo y personalizado, que incluyó una encuesta sobre condiciones de salud, donde participaron más de 19 millones de personas.
Hasta el 26 de junio de 2020, se han realizado un millón ciento noventa mil trescientos siete (1.190.307) pruebas de COVID-19, en forma gratuita, lo que equivale a 39 mil 677 pruebas por millón de habitantes.
El informe presentado demuestra el avance de las relaciones de cooperación y asistencia técnica entre la Oficina y el Gobierno venezolano, reforzadas a partir de la Carta de Entendimiento firmada en septiembre de 2019.
Sin embargo, el Gobierno venezolano lamenta que el informe incorpore información proveniente de fuentes de escasa credibilidad, sin haber sido debidamente contrastada con las
autoridades venezolanas, a pesar de la presencia permanente de oficiales de la Oficina en el país. Estas circunstancias afectan negativamente la objetividad y la credibilidad del informe.
Venezuela ha brindado todas las facilidades a la Oficina para el desempeño de su mandato.
A pesar de ello, se insiste en el informe con cuestionamientos infundados que alimentan la agenda de agresión que se desarrolla contra Venezuela.
El informe excluye los importantes progresos alcanzados en la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno venezolano y diversos partidos de la oposición.
Venezuela es un país soberano que avanza hacia la justicia social, por el camino de la paz, con pleno ejercicio de todos los derechos humanos.
El Gobierno venezolano reitera su plena voluntad de continuar estrechando lazos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina del Alto Comisionado sobre la base del respeto a los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de la ONU.
Muchas gracias.
