Juan Guaidó ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo que emprenda acciones para congelar activos del chavismo en España. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López y de los presos políticos del chavismo y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, es el apoderado de Guaidó en esta causa.
El bufete ha recibido un mandato del procurador especial de la República de Venezuela que les apodera mercantilmente, y la semana que viene va a plantear acciones en la Audiencia Nacional contra la red de blanqueo de dinero del chavismo, en las que va a acusar a colaboradores internos y externos de constituir una gran organización criminal de desvío de fondos que pertenecen a todos los venezolanos.
Las fuerzas opositoras denuncian que durante los regímenes de Chávez y Maduro salieron entre 300.000 millones y 400.000 millones de dólares de Venezuela.
Gutiérrez ha recibido también el encargo de Guaidó de liderar el proceso de recuperación de activos en la Unión Europea, para lo que está en contacto con los embajadores que ha nombrado el presidente reconocido por EEUU y la UE, y realiza un análisis legal de la legislación internacional, española y venezolana.
Exigen a las autoridades competentes en España y otros países que incauten bienes a empresas y personas físicas relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, cuentas, inmuebles, acciones y obras de arte. Obedecen a la Ley de Recuperación de Activos que ha promulgado la Asamblea Nacional como parte de la “estrategia de cese de la usurpación”.
Así lo traslada Gutiérrez a EXPANSIÓN, y explica que en lo que respecta a las acciones legales, se va a seguir la vía penal, pero no se descarta plantear también la civil, más efectiva para recuperar bienes, y que, de hecho, se pueden combinar.
“Se trata de alegar daños al patrimonio público civil que permitan repatriar bienes a Venezuela”, explica. Este proceso también se quiere coordinar con el Gobierno y con el sistema financiero, con los que se están manteniendo contactos.
Además de las acciones legales, también se siguen otras dos vías: la preservación de activos de empresas venezolanas en el extranjero, en primer lugar, de Pdvesa, y de las sedes diplomáticas de la República.
Esta última se ha activado especialmente en Estados Unidos, donde enviados de Guaidó han tomado el control de tres sedes diplomáticas: dos edificios militares en Washington y el Consulado en Nueva York. Se quieren evitar los destrozos en edificios y equipos y el saqueo de cuentas bancarias que se están produciendo.
La Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó y que reconocen EEUU, la UE y España entre una cincuentena de países, ha aprobado un ‘Acuerdo de ratificación de la usurpación del procurador general de la República y en apoyo del procurador especial’.
El acuerdo, del pasado martes 19 de marzo, recuerda que Guaidó nombró a José Ignacio Hernández procurador especial el pasado 5 de febrero y fue ratificado por la Asamblea el 27 de febrero.
A pesar de este nombramiento, el acuerdo constata que el procurador de Nicolás Maduro “ha continuado usurpando la representación del Estado venezolano en Cortes extranjeras e, incluso, ha pretendido designar representantes del Estado venezolano en Cortes extranjeras”.
Ante esta situación, la Asamblea ratifica que los actos y contratos adoptados o suscritos por la Procuraduría de Maduro “deben considerarse inexistentes”, y exhorta a las Cortes y autoridades de Estados extranjeros a “no aceptar la representación del Estado venezolano” ejercida por el procurador de Maduro o “por alguno de los abogados por éste designados”.
El pasado martes, EXPANSIÓN publicó que la Procuraduría de Maduro había contratado al despacho español Lupinicio a finales de enero para que le asesore ante sanciones y embargos. Ese mismo día, la Asamblea Nacional alcanzó el Acuerdo y el procurador especial dijo en Twitter: “Debo negar que la firma Lupicinio esté asesorando al Estado venezolano”.
Lupinicio explicaba que había elegido esta fórmula jurídica porque la Procuraduría pendía de la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, lo que, a juicio de la firma de abogados, proporcionaba cobertura por ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la UE y España.
Este diario se ha puesto en contacto con el despacho para conocer su opinión sobre el Acuerdo de la Asamblea que considera que los contratos con la Procuraduría de Maduro no tienen validez, pero no ha obtenido respuesta.
Ante la información que publicó EXPANSIÓN el martes, Lupicinio solicitó que se aclarara que sus servicios a la “Procuraduría General de la República de Venezuela consistirían en la defensa de los intereses de las instituciones del Estado (sin que estén por tanto reducidas a aquéllas vinculadas con la presidencia de Maduro); y estarían circunscritas a la defensa de sus intereses ante instituciones públicas (incluida la Unión Europea, EEUU o la ONU) en relación con sanciones internacionales.
La defensa no está dirigida por tanto a un “blindaje de bienes” sino a la representación, a la cual tienen derecho bajo todas las legislaciones aplicables, de sus intereses frente a la normativa sancionadora y vigente en cualquier momento”.
posted by frentelibertario
