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BY POLITIKA UCAB ON OCTUBRE 22, 2020 • ( DEJA UN COMENTARIO )
Sofía Torres
Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, el sector militar es un factor clave a desentrañar; un universo que debe integrarse a la concepción del ejercicio del poder político y cualquier estrategia que se plantee en el camino hacia la democracia.
Advierte que cualquier transición en nuestro país pasa por la Fuerza Armada Nacional, una afirmación, que si bien “se ha dicho hasta el cansancio”, hay que comprender en su justa dimensión, así como las sutiles distinciones entre lo militar como sostén del poder y como sujeto que ejerce el poder.
San Miguel señaló, entre otros aspectos, que la sociedad debe establecer vínculos comunicantes para conversar los temas trascendentales relacionado con la institución castrense, con un seguimiento permanente de hechos y temas especializados, que vayan más allá del amarillismo y los titulares de prensa.
Insistió en la importancia de entender las complejidades que se erigen en torno al control, producción e importación de armas y municiones del Estado, porque en la eventualidad de una transición, no desaparecerán. “No hay un decreto para el cambio, sino una construcción donde debe haber discusiones, planes, trabajo, propuestas sobre qué hacer con el problema militar en Venezuela”, apuntó la abogada y defensora de derechos humanos.
La metamorfosis
“Decir que en Venezuela mandan los militares es un error, sí son un instrumento de poder, lo sostienen, pero es ejercido, muy claramente, desde Miraflores por un civil, que entendió el peso de lo militar para conservarse allí, pese a las debilidades que se observan en los escenarios actuales”.
Este proyecto revolucionario -explicó San Miguel- se edificó sobre el triángulo de Ceresole: caudillo – ejército- pueblo, sustentado en una sólida base petrolera. Sin embargo, aclaró que esa estructura se resquebrajó principalmente porque “murió el caudillo y desapareció la base petrolera, entonces se redujo a ejército-pueblo, se soltó a la Fuerza Armada a la calle con más ferocidad”, y eso se reflejó en fuertes despliegues de efectivos y en el crecimiento exponencial de grupos de seguridad estatales y paraestatales.
Rememoró la sexta reforma, que calificó como inconstitucional, de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada por la asamblea constituyente y que creó un sistema defensivo territorial, con la FANB e incluye a otros entes, y de donde se desprende la prédica de la unión cívico militar policial. “Hay una proliferación de órganos de seguridad que asusta, todos propendiendo a la militarización, como las Faes. También han surgido otras fórmulas peligrosas como los cuadrantes de paz”, alertó.
Cifras
De acuerdo a San Miguel para abordar el tema militar en Venezuela, es necesario repasar algunas cifras “impresionantes”, por ejemplo, en 2017 un 43% del gabinete ministerial estaba conformado por militares, número que ha experimentado un “descenso vertiginoso”, dado que hoy se ubica en un 23%. Esa ocupación-señaló- ha sido una fórmula de compartimentación del poder, que ha disminuido, porque ya los ministerios no tienen los recursos ni la capacidad de gestión que tuvieron a finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI; “se han venido a menos en la capacidad redistributiva de la riqueza del Estado”.
Habló del control de un 30% de las gobernaciones por parte de militares retirados y de la presencia en puestos claves de la administración pública, así como de la creación de ocho Regiones de Defensa Integral que suponen un mayor poder del que tienen los mismos gobernadores.
“También están 25 comandos de zona de la Guardia Nacional, una forma de control territorial, que se ejerce de manera casi feudal y ha crecido por circunstancias impuestas por el Covid-19. En un traslado de 50, 100 o 300 kilómetros, hay una reproducción proporcional de alcabalas y cada autoridad interpreta la ley a su manera, lo que deriva, en muchos casos, en un mecanismo de chantaje, de extorsión”
San Miguel se refirió al crecimiento de la economía ilegal -secuestro, extorsión, legitimación de capitales, tráfico de combustible, tráfico de personas, tráfico de armas y municiones, extracción de minerales- y la participación de militares. Sin embargo, aclaró que no se puede hablar de participación desde un punto de vista institucional, sino de individuos que deciden incursionar en actividades ilícitas.
Recordó que las estaciones de servicio, 1.586 puntos de venta de combustible en todo el país, y donde se paga en divisas, pasaron a manos de los militares el 1 de junio de 2020.
Volver al carril constitucional
San Miguel consideró que hay varios retos que afrontar, entre ellos la despartidización de la FAN para su retorno al carril constitucional, su profesionalización y operatividad, y la elaboración de “un concepto estratégico. de la nación; qué se quiere y cuál es la función del Estado en materia de defensa nacional”
Fue enfática al afirmar que lo militar es un problema complejo y para analizar su peso en negociaciones y transiciones democráticas se debe evitar la simplificación y subestimación, que conducen a apreciarlo como un actor monolítico de la política. “Es un sistema que se conecta con otros sistemas plurales, y, aunque corporativo, proyecta sus demandas a corto plazo, eso nos puede dar visiones estratégicas de cómo plantear su rol en un proceso de cambio. La subestimación de lo militar por parte de la oposición ha sido un error en oportunidades que han existido en el pasado reciente para avances creíbles”, aseguró.
“Es fundamental despolarizar las negociaciones y procesos de transición. Pinochet reprodujo en los 70 un sistema de polarización para controlar las FAN y todo el Estado, así instaló el autoritarismo y el control justificado de la sociedad por parte de militares, desapareció todo liderazgo, legítimo y de alcance nacional. Los regímenes autoritarios aíslan al sector militar e impiden los vasos comunicantes con otros factores para el diálogo y la negociación política”.
San Miguel declaró que los factores democráticos deben configurar un mensaje político efectivo hacia una audiencia militar que está comprometida, porque la aceptación de ese mensaje acarrea persecución. Igualmente, emplazó a manejar con responsabilidad la judializacion de la responsabilidad de los militares por violación de derechos humanos.”
“Los militares tienen que entender que las sanciones tienen vuelta atrás, lo demostró el caso de Miguel Figuera, exdirector del Sebin, pero una vez activada la competencia de la Corte Penal Internacional, se sigue una línea y no hay retorno”.
La analista indicó que los militares deben asumir el tipo de transición que quieren: ¿mecanismos de justicia transicional?, ¿comisiones de la verdad?, ¿amnistías condicionadas?
A su vez, manifestó que las transiciones a la democracia en el Cono Sur dejan lecciones que aún siguen en estudio, incluso las que arroja la pacificación de Centroamérica, y que un proceso que debe estudiarse es el de paz y justicia transicional que aún no ha concluido en Colombia.
