2 junio 2021en Coronavirus, Destacado, Venezuela
Bachelet llama al régimen de Maduro a seguir
excarcelando presos políticos
40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas colegios y asociaciones médicas y académicas, enviaron una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus.
En el documento, las ONG denuncian “las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco de la COVID 19“.
Las organizaciones también denunciaron que el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro aún no ha aprobado un Plan Oficial de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, “en el que se prioricen, de manera clara y sin ambigüedad alguna, los grupos a ser vacunados; ni tampoco ha definido los mecanismos de supervisión y control que contribuyan a preservar la transparencia en los procesos de toma de decisiones sobre su implementación, con la participación de ciudadanos pertenecientes a los grupos priorizados”.
Ante ello, solicitaron la intervención y buenos oficios de Bachelet para que “además de expresar su preocupación, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano” para que este adopte medidas dirigidas a:
• Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad.
• Aprobar y divulgar con carácter de urgencia, mediante el acto administrativo que considere adecuado, el Plan de Vacunación Oficial contra la COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud.
• Proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por la COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad.
• Cumplir efectivamente la meta nacional de vacunados contra la COVID-19, consistente en 22.820.000 personas.
