En días pasados se hizo público en los
medios de comunicación la detención en Libertador de un autobús cuyas pasajeras
eran adolescentes y mujeres que serían comercializadas sexualmente en Colombia.
Según los cuerpos policiales, los involucrados fueron puestos a la orden de la
fiscalía, no hemos escuchado nada más de este caso. Las preguntas que nos
debemos hacer son básicamente dos: ¿esto es un caso aislado? O ¿Es posible que
sea una de muchas redes de trata de blancas y que estemos en presencia de una
industria criminal en ascenso?
Supongamos que nos inclinamos por responder
afirmativamente la segunda pregunta, de ser así, es claro que la crisis
humanitaria compleja que padece el país expone a las mujeres, principalmente a las
niñas y adolescentes, a condiciones precarias que las hacen vulnerables a ser sometidas
a la prostitución. Pensemos que hoy, entre muchos datos preocupantes, sabemos
que la deserción escolar es masiva y que, así como nosotros nos enteramos de la
crisis migratoria venezolana, las mafias criminales trasnacionales están muy enteradas
del drama humano detrás de la diáspora. Una oferta engañosa de trabajo y
bienestar a una joven venezolana agobiada por el hambre, el desempleo y la
falta de alternativas puede ser un gancho muy atractivo para capturar a las
víctimas.
Los ingresos que estas redes de trata de
blancas, por lo que se sabe de ese oscuro negocio internacional, son
astronómicos. La esclavitud sexual puede dar dividendos suficientes como para
sostener rutas de transporte, hospedajes y alimentación en toda Venezuela, no
solo en la frontera, como queda evidenciado con aquella camioneta detenida en
Tocuyito, y además, considerando los bajos salarios de los funcionarios
militares y policiales, parte de esos recursos ilícitos pueden ser usados por
las mafias para corromper a los efectivos de seguridad.
Por otra parte, no se tienen estadísticas públicas
fiables sobre la incidencia de la prostitución en Venezuela. Hace un par de
décadas que los servicios hospitalarios relativos a salud reproductiva y
control de enfermedades de trasmisión sexual dejaron de carnetizar y controlar
a las trabajadoras sexuales y los locales donde laboraban, además, las
instituciones dedicadas a la protección de la mujer, en los tres niveles de
gobierno, no tienen unidades de trabajo social para detectar en el campo la
incidencia del fenómeno.
Es obvio que los hacedores de políticas
públicas, en este y otros campos, trabajan a ciegas al no tener datos confiables
de la realidad. La política de protección social a grupos vulnerables, a través
del Carnet de la Patria, está marcadamente politizada y sus fines son más
electorales que sociales, si el Estado no es capaz de saber dónde deben usarse
fondos públicos para atender la precariedad, lógicamente, sucederá que los
fondos llegarán dónde no son urgentes y se abandonará a su suerte precisamente
a los que necesitan la ayuda pública.
Todo parece indicar que los grupos
delictuales dedicados a la trata de blancas, si no es que ya es así, tienen
múltiples condiciones para instalarse en nuestro país, en nuestro estado y en
nuestro municipio. Ahora bien, como estamos elucubrando sobre supuestos, es
necesario que se debata públicamente sobre estos riesgos, el ambiente electoral
es más que conveniente para debatir, y se puedan plantear alternativas ante
estas cuestiones. No se puede decir que se es feminista, como lo hace el actual
gobierno, sino se medita y actúa frente a las amenazas del presente hacia las
mujeres. Tampoco es correcto mirar en otra dirección o combatir el asunto con
cadenas de oración, se requieren buenos decisores, asertivas decisiones y
efectivas acciones.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica