CORRUPCIÓN DESTACADA JUSTICIA
julio 6, 2020 Editor
El embajador de Venezuela en Washington, remitió
una comunicación a la juez de la causa, exponiendo
la posición venezolana sobre el caso.
Redacción ┊ Maibort Petit
El abogado Christopher J. Clark, de la firma Latham & Watkins LLP que representa a MUFG Union Bank, NA (Fideicomisario) y de Glas Americas LLC (Agente colateral), en la demanda que introdujo en su contra ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Petróleo S.A. y PDV Holding INC., por el caso de los Bonos PDVSA 2020, solicitó ante la juez de la causa, Katherine Polk Failla, desestimar la moción que el Embajador de Venezuela en Washington presentó ante la Corte, la cual no estaba autorizada y por ser impropia.
Adjuntó a la declaración, una copia de una transcripción de un Extracto de una conversación que involucra al Fiscal General Especial de la República Bolivariana de Venezuela, José Ignacio Hernández, durante una conferencia de prensa el 18 de junio de 2020; una copia de la Estipulación firmada y el Descubrimiento de expertos de gobierno; una copia de extractos de transcripción de la audiencia del 6 de febrero de 2020 y una copia de la carta de renuncia de José Ignacio Hernández, de fecha 28 de mayo de 2020, así como un tweet del mismo, fechado el 18 de junio de 2020, relativo a su renuncia.
Asimismo, entregó una carta que remitió el 16 de junio de 2020, envió a Donald Verrilli de Munger, Tolles & Olson, que representa a Venezuela, en la que les expuso que la carta del Embajador en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, fue un acto impropio. Agregó que el 22 de junio de 2020, el abogado de Munger Tolles le manifestó que no retirarían su presentación, la cual consideraban correcta según la Regla Federal de lo Civil Procedimiento 44.1.[1]
Solicitud de desestimar la carta de Vecchio
El 26 de junio de 2020, Christopher J. Clark, remitió a la jueza Katherine Polk Failla, una moción en contra de la comunicación que Carlos Vecchio, le remitiera a la magistrada exponiendo la posición de Venezuela sobre la emisión de los Bonos PDVSA 2020, considerada irregular e inválida por Venezuela. En opinión del abogado de los demandados, la participación del embajador venezolano no estaba autorizada y era, por demás, inapropiada.
Clark también remitió el Memorando de Ley que le sirve de respaldo a la solicitud de MUFG Union Bank NA y GLAS Americas LLC en contra de los argumentado por el embajador Carlos Vecchio en su comunicación al tribunal del 9 de junio de 2020.
El memorando de ley solicita al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictar sentencia sumaria desestimando con prejuicio y en su totalidad los reclamos alegados por las partes de PDVSA, y otorgando el alivio afirmativo al Fiduciario y el agente colateral.[2].
La carta de Vecchio
El 9 de junio de 2020, el representante de la administración de Juan Guaidó en los Estados Unidos, remitió una comunicación a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, para exponer a la magistrada las opiniones de Venezuela con relación al esquema orquestado por Nicolás Maduro para intercambiar las Notas 2020 por unas anteriores que vencían en 2017.
Vecchio dijo que esa operación no contó con la autorización de la Asamblea Nacional, tal como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El embajador de Venezuela en Washington expuso una cronología de los acontecimientos que llevaron a la ilegal emisión de las notas y las irregularidades en que se incurrió al comprometer a CITGO sin el aval del Poder Legislativo.
Le refiere Vecchio a la juez que para “Uno de los componentes de la transición venezolana es la recuperación económica del venezolano y la renegociación de la deuda venezolana, que podría estimarse en aproximadamente 140 mil millones de dólares. Sin embargo, la prioridad es abordar la compleja emergencia humanitaria causada por las políticas depredadoras de Hugo Chávez. Entre las muchas reformas de política que deberían implementarse, es necesario para promover la recuperación de la industria petrolera de Venezuela. CITGO tendrá un papel estratégico en las reformas de esa política”.
En tal sentido, subrayó que el gobierno provisional tiene como prioridad la protección de CITGO y, como embajador de Venezuela en los Estados Unidos, ha estado trabajando activamente para lograr dicho propósito.
Vecchio enumeró estas acciones y refirió, en primer lugar, la designación de la junta ad hoc de PDVSA y la remoción de los directores de Nicolás Maduro en PDV Holding, Inc., accionista de CITGO.
En segundo término, la emisión del Decreto Nº 3 que modificó la composición de la junta ad hoc y las Reglas de gobierno establecidas para reforzar la autonomía de PDVSA y PDV Holding, Inc.
Igualmente se refirió a la autorización solicitada por la junta ad hoc de PDVSA a la Asamblea Nacional para pagar con reserva de derechos, el cupón de abril de las notas.
Desde abril de 2020, siguió Vecchio, la administración de Guaidó solicitó la revocación de la Licencia General 5 pues ella podía desencadenar la ejecución hipotecaria de CITGO ante cualquier reclamo.
Informó que el gobierno interino requirió un «espacio de respiro» para abordar las demandas privadas contra Venezuela en un proceso ordenado y consensuado, para lo cual era necesario un alivio temporal, incluida la revocación de la referida Licencia general 5, lo cual, finalmente fue aprobado por la OFAC el 24 de octubre de 2019.
También citó la solicitud del gobierno interino al Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos para considerar los riesgos que los litigios que están en proceso en Delaware suponen para CITGO.
Carlos Vecchio solicitó a la juez que los tribunales de los Estados Unidos otorguen respetuosa deferencia a los actos oficiales emanados de la Asamblea Nacional, que es la única rama legítima del poder público venezolano en la actualidad.
El embajador Vecchio advirtió a la juez, que la decisión del tribunal en el caso de las Notas 2020 podría tener enormes implicaciones para el futuro de Venezuela en caso de que se haga cumplir el contrato, el compromiso, y las Notas 2020. Esto devendría en la pérdida de CITGO, así como de los esfuerzos legítimos del gobierno provisional venezolano que es apoyado por los Estados Unidos, para pacíficamente remover al ilegítimo régimen de Maduro del poder en Caracas.
También alertó a la juez de que cualquier ejecución hipotecaria de CITGO, perjudicaría la implementación de las pautas emitidas el 1 de julio de 2019 para la renegociación de la deuda pública venezolana.
“Lo amistoso y la renegociación ordenada de todos los reclamos heredados contra Venezuela requerirá condiciones adecuadas si Venezuela no puede implementar esta renegociación amistosa y la recuperación económica de Venezuela estará en peligro”, concluyó.
PDVSA pide juicio sumario
Los demandantes, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Petróleo S.A. y PDV Holding INC., solicitaron a la juez Polk Failla, aprobar una moción para establecer un juicio sumario de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 56.
PDVSA y sus filiales estiman que la moción debe ser aprobada por el tribunal, por cuanto los propietarios o titulares de los Bonos 2020, el contrato y el compromiso son inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio, y por lo tanto no ejecutables.
La corte, de acuerdo a la visión de PDVSA, también debe desestimar cualquier otra acción de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 y cualquier otra parte que reclame un interés de dichas notas o un interés de seguridad en las acciones CITGO y prohibir cualquier intento de hacer cumplir los bonos 2020.
Breve cronología de los hechos
El 28 de octubre de 2019, la junta Ad hoc designada por la Asamblea Nacional demandó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio y cautelar en procura de la corte declare la nulidad, ilegalidad e invalidez de los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 por ciento de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Company.
Específicamente, Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA Petróleo S.A. y PDV Holding INC. se querellaron en contra de MUFG Union Bank N.A. y a GLAS Americas LLC, fideicomisario y agente colateral de los Bonos Senior Garantizados 8,50% de PDVSA con vencimiento 2020, conocidos como Bonos PDVSA 2020.
Esta acción obedeció a la previa declaratoria del órgano del Poder Legislativo de Venezuela, a saber, la Asamblea, no autorizó la emisión de los referidos papeles como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[3].
El 15 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional ratificó la ilegalidad e invalidez de los bonos 2020 de PDVSA y designó la Junta de Administración de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de d e la petrolera estatal. También se autorizó al presidente encargado de Venezuela y presidente de la AN, Juan Guaidó, a constituir el órgano de administración de la entidad y lo facultó para designar a los miembros de la misma[4].
La administración de Nicolás Maduro, actuando sin la autorización del Poder Legislativo, aprobó la emisión de los bonos que tenían como garantía el 51,1 por ciento de las acciones de CITGO que respaldarían el impago por parte de la deuda por USD 913 millones.
Sin embargo, la semana pasada el Departamento del Tesoro emitió una licencia que le da protección a la empresa hasta enero del 2020, una medida por parte de la Administración Trump en favor de la oposición liderada por Juan Guaidó.
El 24 de octubre de 2019, el Departamento del Tesoro modificó una licencia previamente otorgada a los tenedores de un bono de Pdvsa, para restringir cualquier operación con las acciones de Citgo hasta el 22 de enero de 2020. “Las transacciones relacionadas con venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con bono PDVSA 2020 quedan prohibidas”[5]. En abril de 2020, el Departamento del Tesoro ratificó la protección a los activos de CITGO[6].
En de noviembre de 2019, los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 que la solicitud de declarar nulos dichos papeles carece de sustento, toda vez que, a su parecer, Venezuela reconoció la validez de las notas cuando pagó los intereses de las notas en abril de 2019. Venezuela recordó que tal pago se hizo bajo protesta, dado que la administración de Juan Guaidó recién asumía el gobierno interino y prevalecía entonces el interés de proteger a CITGO[7].
El 19 de noviembre de 2020, la representación del gobierno de Juan Guaidó y los tenedores de los Bonos PDVSA 2020, acordaron ampliar el cronograma del litigio que mantienen ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York[8].
Etiquetas: Bonos Pdvsa 2020, Citgo
