09 de julio de 2019 - 19:07 - Por DANIEL CASTROPÉ
El director para Las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que tras el informe de Bachelet, el Grupo de Lima tiene suficiente credibilidad para impulsar una propuesta de comisión de la ONU que investigue a Maduro
José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch.
dcastrope@diariolasamericas.com @danielcastrope
MIAMI.- De “lapidario y objetivo” calificó José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch, el informe emitido por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que descalifica al régimen de Nicolás Maduro en materia de libertades. Sin embargo, reconoció Vivanco, dicho informe “se trata sólo de un primer paso”.
En opinión del experto, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que tienen lugar en Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe autorizar y designar la creación de una comisión especial de investigación, lo cual -aclaró- “se reserva para los casos más agudos o crónicos, es decir, los más graves”.
En tal sentido, lamentó que Bachelet no haya mendicionado la necesidad de este paso esencial en su informe e instó asimismo, a los miembros de la ONU “comprometidos con la democracia”, a que impulsen que se concrete este recurso y se esclarezcan las atrocidades del dictador venezolano.
De hecho, cada día es más alto el número de voces que lo reclaman, entre las que destacan la Unión Europea y el Grupo de Lima.
En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS desde Washington, Vivanco aseguró que el Grupo de Lima es la instancia ideal para liderar esa propuesta debido a su credibilidad y por estar integrada por países vecinos de Venezuela, que alejan la posibilidad de que el asunto se vea como un enfrentamiento entre “[Donald] Trump y [Nicolás] Maduro”.
-Después de conocer el informe de Bachelet, ¿qué debe pasar en Venezuela y cuál debe ser el paso a seguir en instituciones como la misma ONU o el Grupo de Lima?
El próximo paso es lograr que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU autorice y luego designe una comisión especial de investigación para Venezuela. Esa es una instancia que se reserva para los casos más agudos o crónicos, es decir, los más graves a nivel global.
Esa fue una opción que mencionó en un informe, y en sus intervenciones orales, el antecesor de Michelle Bachelet [Zeid Ra’ad al-Hussein], hace aproximadamente un año.
Lamentablemente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos no menciona esa opción en su informe, pero eso no significa que esa alternativa no se pueda implementar.
Lo ideal es que lo haga ella, que lo empuje y proponga la señora Bachelet, pero al no hacerlo, creo que aquellos Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que han demostrado ser más comprometidos con la causa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, deben ser los que tomen el timón y empujen, consiguiendo los votos en el Consejo, para aprobar esa opción.
Conseguir los votos no será una tarea fácil porque ese consejo, lamentablemente, también está compuesto por dictaduras y gobiernos afines al de Venezuela, que van a resistir y se van a oponer con todo tipo de argumentos. No va a ser fácil, pero yo creo que si el Grupo de Lima toma esta iniciativa y avanza con ella en el Consejo de DDHH, esto se podría lograr.
En el marco de Naciones Unidas tiene especial credibilidad que los países vecinos sean los que impulsen o empujen por un proceso de fiscalización en DDHH.
Lo usual es que los países vecinos se laven las manos frente a este tipo de problemas en materia de DDHH porque sienten que si ellos son los que reclaman, se les puede convertir esto en un bumerán porque nadie tiene un récord perfecto en DDHH.
Lamentablemente, es una tradición en América Latina, Asia y África que se solidarizan unos países con otros y las críticas muchas veces vienen de regiones lejanas, que son las que asumen el riesgo y el costo de la fiscalización en DDHH.
En el caso del Grupo de Lima, esta instancia tiene una especial credibilidad porque es regional. Nadie puede alegar que se trata de un grupo del norte que quiere imponer sus puntos de vista en el lejano sur.
No sería posible tampoco el argumento de que aquí lo que hay es un enfrentamiento entre Trump y Maduro, por ejemplo, porque el Grupo de Lima no integra a los Estados Unidos.
El Grupo de Lima está compuesto esencialmente por las principales democracias latinoamericanas que se han unido, junto a Canadá, para denunciar las violaciones a los derechos humanos y la crisis que sufren los venezolanos por culpa de Maduro.
De tal manera, creo que si el Grupo de Lima se plantea este desafío como una cuestión prioritaria es posible que en el mes de septiembre, que es cuando se va a tratar nuevamente este tema en el Consejo, podamos estar en condiciones de tener sobre la mesa una propuesta concreta para crear una comisión especial de investigación sobre derechos humanos en Venezuela.
-¿Esa comisión qué tipo de resultados podría permitirles a los venezolanos que quieren un país en democracia?
Una comisión como la que se ha propuesto en el pasado en otras regiones del mundo en casos extremos puede tener una enorme repercusión.
De hecho, el informe de la Alta Comisionada de DDHH, al oficializar una evaluación como la que se describe en el mismo, que es lapidaria, ciertamente muy objetiva de lo que ocurre en Venezuela, tiene una fuerza y un impacto global porque se hace muy difícil seguir descalificando a organizaciones ya sean no gubernamentales o las posiciones de instancias como la Comisión Interamericana de DDHH u otras que se pronuncian regularmente sobre Venezuela.
Aquí estamos hablando de una instancia como la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que es la más alta autoridad de DDHH hoy día en la burocracia de Naciones Unidas, a la que, además, el Gobierno de Venezuela le permitió el ingreso al país; no solo a Bachelet, también hace algunos meses a un grupo de investigadores de esa oficina que recorrieron el país recogiendo evidencias.
Es decir, aquí no estamos hablando solo de las 48 horas de Bachelet en Venezuela; estamos hablando de un trabajo que se ha venido haciendo en el terreno por parte esa oficina y un informe que oficializa algo que hemos estado denunciando durante muchos años, pero que ya es muy difícil de disputar.
En este caso sería una comisión de investigación especial únicamente para Venezuela que tendría una relevancia especial y podría hacer informes que podrían llegar a ser objeto de consulta por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, hay muchas otras instancias que podrían tomar muy en serio una opción de este tipo.
El Grupo de Lima ha actuado de una manera concertada no solo a nivel regional, sino también a nivel del Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Yo creo que son ellos los que, además, han dejado constancia por escrito, en más de una oportunidad, reclamándole a Michelle Bachelet que viaje a Venezuela.
Por lo menos hay un par de resoluciones del Grupo de Lima que instaban a la Alta Comisionada a que se constituyera en Venezuela.
Hoy día que ella ha elaborado ese informe, creo que el Grupo de Lima es el ideal para darle seguimiento a aquellos miembros de ese grupo que hacen parte del Consejo de DDHH para una iniciativa como la creación de esa comisión especial de investigación para Venezuela.
-¿El cambio de lenguaje de Bachelet permite avizorar un cambio importante en Venezuela? Son muchos los asuntos pendientes.
Yo creo que si lo que se busca por parte de la comunidad internacional, la sociedad civil y la oposición es transitar de una dictadura, como la actual, a un sistema democrático de gobierno, con instituciones independientes, un poder judicial autónomo, sin presos políticos, elecciones libres, sin represión, con medidas concretas destinadas a combatir la corrupción y el narcotráfico, y medidas para atender la emergencia humanitaria, creo que un informe fidedigno y sólido en materia de DDHH contribuye, sin duda alguna, porque reduce el espacio para la demagogia del régimen.
Este es un régimen que miente de una manera sistemática, niega los hechos y casi describe a Venezuela como un paraíso. Un régimen que no sabe cómo explicar el éxodo de más de 4 millones de venezolanos e insiste en que Venezuela es prácticamente un paraíso y que las cosas están en orden, y que lo que hay es una gran conspiración en su contra.
-La tortura como mecanismo de represión no solo se aplica contra el pueblo. Vemos que también se usa contra militares afectos al cambio. ¿Cuál es su opinión al respeto?
La tortura a la que recurre el régimen y los tratos crueles e inhumanos se vienen practicando desde ya hace muchos años. Nosotros hemos elaborado varios informes que dan cuenta de métodos inhumanos, crueles, atroces que incluyen sofocamiento, uso de aparatos eléctricos en los genitales, abusos sexuales, incluyendo violaciones; golpizas brutales de los detenidos. Todo eso sin rendirle cuentas a nadie.
El régimen protege y encubre estos hechos y las autoridades no los investigan; al contrario, los avala y los promueve. No son hechos aislados, son crímenes que se cometen como parte de una política oficial de las fuerzas de seguridad tanto de la contrainteligencia militar como el SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana.
Nosotros hicimos un informe hace unos meses, a principios de año, donde justamente mostrábamos que la tortura se estaba extendiendo a muchos militares y no solo a ellos, sino también a sus familiares. Es algo realmente inaudito.
En Venezuela si los servicios de contrainteligencia militar disponen la cacería de un militar, ya sea un oficial de alto grado o un suboficial, si no lo encuentran al momento de practicar la detención van contra los familiares, contra la madre, la esposa o los hijos, a quienes capturan y torturan también.
Nosotros tenemos debidamente documentada esa materia. Los torturan brutalmente con el propósito de extorsionar y presionar al militar, que está probablemente escondido o ya fuera del país, para que aparezca y se ponga a disposición de los servicios represivos. Esto es propio de una dictadura.
Son prácticas típicas de una dictadura como las que sufrimos en el Cono Sur de América Latina durante los años 70 y 80.
-Dentro de ese oscuro panorama, ¿cuál es el papel de Cuba en Venezuela?
Hemos visto muchas publicaciones. Muchos medios de comunicación hablan de la participación de Cuba en el control del gobierno y la manipulación de las fuerzas militares.
Pero esos son artículos que están a disposición del público.
No hace parte de nuestra área de investigación ese tipo de materias. Nuestra tarea es investigar la situación de los DDHH en términos rigurosos y objetivos, y dar cuenta del estado de esos DDHH y quiénes son los responsables de la violación de esos derechos.
Hemos escuchado que podría haber asesores cubanos en los sitios de tortura, especialmente hacia los militares, pero nosotros no tenemos información oficial sobre esa materia.
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