Por María Rodríguez Más artículos de este autor Miércoles 09 de enero de 2019, 18:24h
María Rodríguez (ALN).-
Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera de Hugo Chávez y extesorera nacional, tiene dos grandes frentes abiertos. Está pendiente de la extradición (o no) a Venezuela desde España por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Y mientras, llega la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar supuestamente involucrada en un esquema de corrupción vinculado con el cambio de divisas en Venezuela.
Díaz Guillén está sancionada en EEUU /
EFE: Luca Piergiovanni
Se le acumulan los problemas a Claudia Patricia Díaz Guillén. La que fuera enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez y tesorera nacional tiene dos grandes frentes abiertos.
Uno, la petición de la Justicia venezolana para que España la extradite por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Y dos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó esta semana -junto a seis venezolanos más y 23 empresas- por estar supuestamente involucrada en “un importante esquema de corrupción” vinculado con el cambio de divisas en Venezuela.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, los sancionados desviaron más de 2.400 millones de dólares de las arcas públicas venezolanas. El texto añade que las ganancias fraudulentas se ocultaron en cuentas bancarias e inversiones en Estados Unidos y Europa.
Por si estos dos frentes fueran pocos para la exenfermera, entre los sancionados figura igualmente su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, exmiembro de la Guardia Presidencial de Chávez.
Ambos residen actualmente en una vivienda en el centro de Madrid. Una casa de 2 millones de dólares (1,8 millones de euros) en la que según El Confidencial vive también su hijo, la madre de Díaz y los padres de Velásquez.
Por cierto, la Fiscalía española investiga la presunta procedencia ilícita del dinero con el que el matrimonio adquirió esta propiedad, según información de El Mundo.
El matrimonio Díaz-Velásquez ya aparecía vinculado en el caso del también extesorero nacional Alejandro Andrade. Según documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en EEUU, Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión (y también uno de los sancionados junto a Díaz) habría presuntamente sobornado a Andrade y también al matrimonio.
Andrade se declaró culpable de haber recibido sobornos por 1.000 millones de dólares. La Justicia de EEUU lo condenó en noviembre a 10 años de prisión por corrupción.
El extesorero de Hugo Chávez aun sentenciado seguirá delatando cómplices
Leer más Según publicó el diario El Confidencial, la defensa de la pareja negó que se les hubiese comunicado nada por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y que Díaz Guillén y Velásquez tuvieran relación alguna con Gorrín. Ahora el Departamento del Tesoro de EEUU pone los puntos sobre las íes.
En el comunicado afirman que Díaz, en el papel de tesorera nacional (cargo que ejerció entre 2011 y 2013), aceptó sobornos de Gorrín directamente, así como a través de su esposo, a cambio de permitir que Gorrín hiciera operaciones mediante una de las casas de Bolsa selectas para el Gobierno de Venezuela.
“Gorrín mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade”, continúa el texto.
Además de Gorrín, Díaz y Velásquez, están sancionados María Alexandra Perdomo Rosales, esposa de Gorrín; Leonardo González Dellan, testaferro de Andrade; Mayela Antonina Tarascio-Pérez, esposa de Perdomo; y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de negocios de Gorrín.
Extradiciones recurridas
Como en el caso de la exenfermera, la Justicia venezolana también reclama a Velásquez por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculados a los Panamá Papers. La Audiencia Nacional de España dio el visto bueno a ambas extradiciones. No obstante, la defensa del matrimonio recurrió los fallos.
¿Serán causas perdidas estas alegaciones? Según un abogado consultado por ALnavío ya sólo con la situación que se vive en Venezuela, donde “no existe la democracia” y, por tanto, tampoco una Justicia real, “debiera evitarse esta extradición”.
También lo dijo el letrado del matrimonio, Ismael Oliver Romero, a este diario: “Si a la exenfermera de Chávez la llevan para Venezuela la matan. Así de claro. Se cae por la ventana también”.
El letrado recordó así el caso del supuesto suicidio del concejal opositor Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Caracas. La versión oficial habló siempre de un suicidio, mientras que el resto del mundo lo pone en duda.
La defensa del matrimonio tiene clara su estrategia: llegar hasta el final. “Si no lo resuelven los tribunales españoles vamos a ir a Estrasburgo, por supuesto”, aclaró en conversación con ALnavío. En esta ciudad francesa está ubicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pareciera que 2019 iba a ser un año de tregua para el matrimonio. Según el diario El Mundo, la Audiencia Nacional amplió la fase de instrucción sobre el caso de Díaz y su marido hasta el 24 de octubre de 2019. Casi un año de relativa tranquilidad en España.
Pero las sanciones de EEUU abren un nuevo frente en esta guerra sin tregua. ¿Cuántas veces es presuntamente culpable la exenfermera de Chávez? Por tesorera, por Andrade, por Gorrín…
Más frentes abiertos Y aún hay más frentes abiertos para el matrimonio: las presiones en Venezuela y el decomiso de sus bienes.
Un asunto que seguramente quieran olvidar es lo que vivieron los últimos meses en Venezuela: las supuestas presiones que recibió Díaz, al frente del Tesoro Nacional, y Jorge Giordani (ministro de Finanzas) para cometer corruptelas, tal como lo explicó la exenfermera en una entrevista con El Confidencial.
Allí contó que ambos
se negaron y fueron cesados por ello pocas semanas después de que Maduro llegara al poder. La exenfermera también narró que tras la muerte de Chávez alguien llamó a su marido y le avisó: “Salga de Venezuela o es usted hombre muerto”.
Ella, que aún era tesorera nacional, interpretó esa llamada como una advertencia para que dejara sus responsabilidades. Semanas después, en abril de 2013, fue cesada. Su marido se había exiliado poco antes a República Dominicana.
También a El Confidencial Díaz le contó que la familia del matrimonio que aún reside en Venezuela ha recibido todo tipo de represalias por parte del gobierno de Maduro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Afirmó que agentes de la DGCIM allanaron la casa de su madre y la decomisaron. Los dos estudios comprados por el matrimonio en Caracas también fueron confiscados sin garantías procesales, apuntó Díaz.
Igualmente, la sede de la empresa familiar de su marido, MJ Box Tools, también fue incautada y ya no está operativa. Otro capítulo más de esta guerra sin tregua para la exenfermera.
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