Por Orlando Zamora
Miércoles 09 de enero de 2019, 18:00h
Por Orlando Zamora.-
Faltan horas para el 10 de Enero. Y los eventos están en desarrollo. Unos gestados desde las esferas del poder chavista, otros originados en las fuerzas opositoras, y otros por untercer actor, la comunidad internacional, la presión ejercida por 42 naciones que no reconocen los comicios del 20 de mayo de 2018.
Maduro contra el mundo / Foto: nicolasmaduro.org
El poder chavista se apresta a reafirma las posiciones alcanzadas. No cederá terreno alguno. No luce dispuesto a revisar los graves desaciertos y el modelo autoritario. No admite que es autor sustancial del problema económico. Se muestra renuente a un viraje, a una solución macro de la tragedia económica.
A la declaración del Grupo de Lima le sigue la nueva lista de sancionados por parte de la Oficina del Tesoro de EE.UU., contra 7 venezolanos, entre ellos el dueño de Globovisión, el boliburguésRaúl Gorrín, y la boliburguesa y ex enfermera y de Hugo Chávez, Claudia Díaz. Con Gorrín aparecen sus asociados en manipulaciones financieras.
No es casual que el poder insista en el esquema de dominación ensayado hasta ahora, incluyendo la represión. Así lo insinúa el manifiesto de apoyo público del operador político que es el ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López.
El poder chavista no excluye la acción y los simulacros de los grupos colectivos del 23 de Enero, que se hicieron notar este martes detonando disparos frente a la cercana parroquia de La Pastora. Amenazas y advertencias.
Reaparece también el cerebro represivo del régimen, en razón de que es sorpresivamente reivindicado, en tiempo record, el ex director del Sebin, general Gustavo González López, el mismo quepresuntamente “puso en riesgo a la caravana presidencial”. Así, es nombrado por decreto oficial,Consejero de Seguridad de la Presidencia.
Tampoco es casual que el constituyente Herman Escarrá anuncie que presentará a finales de febrero el borrador de la propuesta constitucional.
Los preparativos en torno al Tribunal Supremo de Justicia para la “hora señalada” del 10 de enero no se hacen esperar. Los macheteros argentinos confiesan venir al país con gastos pagados por el Gobierno. Vendrá Evo Morales. Y vendrán delegaciones amigas del régimen: uruguayas, cubanas, rusas. Y habrá ruido de aviones. Ruidos que buscan paliar la ausencia de los países que integran elGrupo de Lima. O la posición contraria de la Conferencia Episcopal. Y la posición de Europa.
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A la declaración del Grupo de Lima le sigue la nueva lista de sancionados por parte de la Oficina del Tesoro de EE.UU., contra 7 venezolanos, entre ellos el dueño de Globovisión, el boliburgués Raúl Gorrín, y la boliburguesa y exenfermera y de Hugo Chávez, Claudia Díaz. Con Gorrín aparecen susasociados en manipulaciones financieras.
Colombia, Panamá y Perú anuncian que impedirán la entrada a sus respectivos territorios de jerarcas y altos funcionarios gubernamentales. En consecuencia, Perú anuncia que 93 elevados funcionarios, encabezados por el presidente Nicolás Maduro no podrán ingresar a ese país.
Para el propio 10 de Enero la OEA ha convocado una sesión urgente para tratar nuevamente la situación que se plantea con la terminación del periodo constitucional de Maduro.
Colombia, Panamá y Perú anuncian que impedirán la entrada a sus respectivos territorios de jerarcas y altos funcionarios gubernamentales. En consecuencia, Perú anuncia que 93 elevados funcionarios, encabezados por el presidente Nicolás Maduro no podrán ingresar a ese país.
Alemania se adelanta al resto de los países agrupados en la Comunidad Europea y asegura que no reconocerá un nuevo ejercicio presidencial por parte de Nicolás Maduro.
El resto de los países europeos aguardan los acontecimientos para seguramente pronunciarse en las próximas horas, eso sí, exigiendo desde ya la inmediata celebración de nuevas elecciones presidenciales en el país.
En lo interno se activan gremios, partidos y la propia Asamblea Nacional desconociendo un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro.
Pocos piensan que la lucha democrática posterior al 10 de Enero sea de corto aliento, a excepción de los que esperan que un simple pronunciamiento en bloque de la Asamblea Nacional marque un viraje de los acontecimientos.
Lo que sí es cierto es que en la Venezuela posterior al 10 de Enero la única institución de elección popular legitima y con la autoridad moral de jugar un rol fundamental en el rescate democrático de la Nación es la Asamblea Nacional.
Y está en las manos de las dos terceras partes de los diputados electos en 2015. Así lo reconoce parte esencial del mundo.
Pero el monopolio de la violencia institucional republicana reposa aun en el Poder Ejecutivo que desconoce la división de poderes avalada en la Constitución de 1999.
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