TalCual
Publicado febrero 14, 2019
Nicolás Maduro ordenó recopilar millones de firmas de venezolanos para supuestamente mandarlas a Washington y darle el mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de una supuesta “intervención militar” que la Casa Blanca estaría planeando en Venezuela.
Para ello se repiten el viejos esquemas de dominación: el chantaje.
Las denuncias sobre cómo en las comunidades se ha repartido comida condicionada a la firma en un papel abunda, pero incluso en las estructuras burocráticas del Estado se produce la presión.
Este jueves 14 de febrero una orden fue impartida por todo el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
Allí, todos los empleados de los distintos despachos y secretarías fueron conminados “a bajar al lobby para firmar en contra de la ayuda humanitaria, con la excusa de que son comidas envenenadas o dañadas y que es una invasión”, nos confirma una fuente que hace vida en ese edificio.
Los magistrados chavistas obligaron a los empleados de sus oficinas a presentarse sin chistar. “Arrearon al personal, porque lo que hicieron no tiene otro nombre”, dice el informante. El propio Maikel Moreno encabezó la jornada.
Nos cuentan que algunos trabajadores manifestaron su inconformidad, “pero finalmente firmaron porque hubo amenazas de remociones, de quitar cargos, y la situación económica no está para arriesgar el ingreso”.
Lo mismo debe estar ocurriendo en las demás instituciones controladas por el régimen de Maduro. En el caso de la Procuraduría General, que encabeza Elvis Amoroso, la denuncia ya se ha hecho:
El martes 12 de febrero se hizo público que varios funcionarios de la Policía Municipal de Mariño, Nueva Esparta, fueron detenidos porque se habrían negado a firmar la carta de Nicolás Maduro en rechazo a la ayuda humanitaria.
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