BY POLITIKA UCAB
ON FEBRERO 4, 2019 •
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Concentración del 2 de febrero en Las Mercedes
FOTO: AFP
Carlos Romero Mendoza
4 de febrero de 2019
Así como se publicó un libro titulado: ¿Cómo mueren las democracias?, escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, podríamos pensar que los recientes hechos políticos en Venezuela, alimentan la posibilidad de escribir un libro titulado: ¿Cómo renacen las democracias? En este caso escrito por el puño y letra de la ciudadanía.
En ese libro, sin duda alguna, el 23 de enero 2019 tendrá un papel fundamental, pues esa fecha representa la reconquista de la esperanza, así como también el inicio de un camino riesgoso, complejo y lento hacia la definición de una hoja de ruta que intentará llevarnos hacia una transición política que logre restaurar el orden democrático y constitucional en Venezuela.
La figura del cabildo abierto logró conectar a las autoridades del Parlamento Nacional con los ciudadanos, a los fines de convertirlas en herramientas políticas, cívicas y pacíficas para que la inclusión efectiva de los ciudadanos en la activación del artículo 333 de la Constitución.
Los cabildos abiertos convocados, no solo reivindican la vigencia y el valor del artículo 70 de la Constitución nacional, sino que, además, nos conecta con nuestro pasado histórico, específicamente con aquello que muchos llaman “el primer grito de independencia” del 19 de abril de 1810. Esta vez el grito fue de esperanza y unidad.
El ejercicio ciudadano de participar en los cabildos abiertos y/o asambleas de ciudadanos en estos días, reivindica el valor y la vigencia del artículo 62 de la Constitución, que garantiza la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Con esa estrategia se ha contribuido a recuperar nuestra cualidad de ciudadanos y, además, se rescató el valor del principio de soberanía popular, el cual había sido confiscado por el régimen a través de la manipulación del derecho y las instituciones.
La Constitución es clara al afirmar que tanto en el cabildo abierto como en las asambleas de ciudadanos las decisiones son vinculantes. ¿Qué significa eso cuando intentamos interpretar de manera integral el artículo 70 y el artículo 333 de la Constitución?, pues simplemente que hay un fundamento constitucional que nos exige realizar la suficiente presión social para que el régimen valore y tome la decisión que corresponde en función de las expectativas e intereses de la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos, que han sido expresados en el ejercicio directa de la soberanía popular.
Por supuesto, cuando nos enfrentamos a una dictadura el derecho es insuficiente y en un proceso de transición queda corto, pero su efectividad logra complementarse cuando se unen el apoyo internacional y del ciudadano en el marco del artículo 333 de la Constitución a los fines de restaurar el orden constitucional y democrático de Venezuela.
La presión social pacífica, libre y legítima, reconocida internacionalmente, ha utilizado los mecanismos de participación para hacer vinculante una exigencia que el régimen no podrá ignorar, a saber: el cambio político inmediato.
Por otro lado, ha sido muy importante que esos mecanismos de participación hayan sido promovidos desde la Asamblea Nacional, porque ha permitido restaurar algunos lazos o vínculos con sus electores, lo que ha contribuido a cohesionar a la sociedad civil en defensa del único Poder Público legítimo y además constitucional que queda en Venezuela.
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FOTO: AP
Es la Asamblea Nacional la que ha logrado reivindicar el artículo 5 y 70 de la Constitución, integrándolos a los fines de conducir un proceso político bajo el liderazgo del Parlamento que inspira sus actuaciones en los valores y principios consagrados en la Constitución.
Es oportuno recordar que desde el 2016 la Asamblea Nacional había convocado a los ciudadanos a un gran movimiento cívico nacional para la defensa de la Constitución, el voto y la democracia. A partir del 23 de enero 2019 creo que se han dado pasos sólidos hacia tal fin.
También es importante no olvidar que ha sido esa Asamblea Nacional la que el 23 de octubre 2016 declaró formalmente la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.
También ha sido el actor político que el 9 enero 2017 y 21 de agosto 2018 declaró la responsabilidad política y penal del Presidente Nicolás Maduro, evidenciando con claridad, en los argumentos presentados, la ruptura del juramento que hizo Nicolás Maduro al asumir la Presidencia de la República luego de la muerte de Hugo Chávez.
Ha sido esa Asamblea Nacional quien de manera reiterada, en varios de sus acuerdos, ha declarado la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y la inexistencia del proceso electoral presidencial convocado en mayo 2018.
Es importante resaltar que, desde el año 1999, ha sido esta Asamblea Nacional, electa de manera universal, directa y secreta, el único Parlamento plural, liderado por la oposición, que demostró la intolerancia de un régimen que simplemente se sintió incómodo con el principio de separación de poderes.
A lo largo de estos años muchas críticas se han hecho desde la sociedad civil a la Asamblea Nacional, particularmente por expectativas creadas que no se manejaron de manera adecuada a través de la comunicación política y que generaron desconfianza, distanciamiento y hasta decepción de la Asamblea Nacional.
Pero si revisamos sus acuerdos desde el 2016, podremos valorar en su justa medida su función contralora, a través del registro sistemático, oportuno y detallado de todo un proceso prolongado de ruptura del orden constitucional y democrático que nos ha traido hasta esta crisis en la cual Venezuela tiene un Presidente encargado, porque no hay Presidente electo, sólo hay una usurpación de funciones de la Presidencia de la República.
En cada uno de los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional, cualquier ciudadano podrá encontrar argumentos jurídicos y políticos que hoy permiten comprender mejor la crisis que experimentamos como sociedad, pero además, allí hay suficientes argumentos para la narrativa política de cada uno de los venezolanos.
El 9 de enero de 1999 dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia invocaron al poder soberano para lograr una solución política a la crisis del momento, soportadas por la interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia.
Hoy 20 años después, la Asamblea Nacional ha convocado al ejercicio directo de la soberanía, a los fines de rescatar el orden constitucional.
En otras palabras, hace 20 años le dimos la espalda a la formalidad constitucional, hoy buscamos en esa formalidad constitucional la solución política para el cambio que el país reclama.
Queda camino por recorrer, pero claramente la Asamblea Nacional plural –lo ha demostrado desde el 2016 hasta el presente– es la única que ha estado al servicio de la democracia y de los ciudadanos, con lo cual se reivindica el valor del voto como fuente de la democracia –y en estos hechos de enero 2019– el valor de la participación como complemento de la democracia representativa que se expresa con claridad en la Asamblea Nacional.
Para reencontrarnos con la democracia, la Asamblea Nacional electa en el 2015 es necesaria, nuestro deber, defenderla.
@carome31
El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales. Presidente de la Fundación Estudios Municipales.
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