01 de marzo de 2019 - 18:03 - Por PEDRO PABLO PEÑALOZA
El espaldarazo político de los máximos dirigentes regionales pretende convertirse en un "seguro de vida" o escudo protector para Guaidó, presidente encargado de Venezuela
Vista general de una reunión de urgencia solicitada por EEUU sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, el 26 de febrero de 2019, en Nueva York.EFE/ Justin Lane
ESPECIAL
@pppenaloza
CARACAS.- La ayuda humanitaria no pudo cruzar la frontera el sábado 23 de febrero. Pero lo que sí ha traspasado todos los límites es el impacto de la crisis venezolana, que se ha convertido en un tema de debate global.
Los actores del conflicto interno cuentan con importantes apoyos en la comunidad internacional. Juan Guaidó, jefe del Parlamento juramentado presidente encargado de la República el 23 de enero, es apuntalado por Estados Unidos, Canadá, las potencias europeas y las democracias más sólidas de América Latina. En total, unos 60 países reconocen a Guaidó como el mandatario interino de Venezuela.
Pero, Nicolás Maduro no está solo. Siempre “asesorado” por Cuba, el líder chavista se mantiene en el palacio de Miraflores con el respaldo de Rusia y China, que el jueves 28 de febrero ejercieron su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) para frenar una resolución impulsada por Estados Unidos que buscaba promover la celebración de elecciones libres y el acceso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano.
El equilibrio de fuerzas bloquea la actuación del Consejo de Seguridad, órgano que tiene como fin mantener la paz y seguridad internacionales, y cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados. “Lo preocupante este jueves [28 de febrero] en el Consejo de Seguridad, es que la resolución propuesta por EEUU sobre Venezuela fue vetada por China, además de Rusia. Es clave monitorear si la posición de China se traduce en algo más que apoyo político”, destacó en su cuenta Twitter el abogado Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional.
El viernes 1ro de marzo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió en Moscú con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien reiteró que el Kremlin se opondrá categóricamente a lo que calificó como “una intervención descarada en los asuntos internos” de Caracas. Lavrov agregó que “Rusia continuará ayudando a las autoridades de Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales, incluso mediante la concesión de ayuda humanitaria legítima”.
En el otro extremo se ubica la Casa Blanca. “Al votar en contra de esta resolución, algunos miembros de este Consejo (de Seguridad) continúan protegiendo a Maduro y sus secuaces, y prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano”, fustigó el representante especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, quien advirtió que “esta crisis se propaga mucho más allá de las fronteras venezolanas y amenaza con desestabilizar la región”.
Máxima protección
Pese a tener una prohibición de salida del país dictada por el Tribunal Supremo de Justicia chavista, Guaidó se trasladó a Cúcuta, en el marco del operativo de la ayuda humanitaria, y posteriormente intervino en Bogotá en la cumbre del Grupo de Lima –conformado por 10 naciones del continente americano- y emprendió una gira por Sudamérica con paradas en Brasil, Paraguay y Argentina.
Durante los últimos días de febrero, el Presidente encargado había conversado personalmente con el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y los mandatarios de Colombia, Iván Duque, Chile, Sebastián Piñera, Paraguay, Mario Abdo, y Brasil, Jair Bolsonaro.
El espaldarazo político de los máximos dirigentes regionales pretende convertirse en un “seguro de vida” o escudo protector para Guaidó, que aún no precisa cuándo regresará a Venezuela, donde Maduro podría ordenar encarcelarlo. Estados Unidos y el Grupo de Lima han exigido al régimen chavista que respete la integridad del dirigente opositor so pena de exponerse a más sanciones.
“Colombia recuerda que el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA que, en comunicado divulgado el jueves 28 de febrero, reiteró que él y su familia deben ser sujetos de especiales garantías”, manifestó a través de un comunicado el gobierno de Duque, tras alertar que “ha tenido conocimiento de la existencia de serias y creíbles amenazas a la vida” de Guaidó y su entorno familiar.
En este escenario de alta tensión, el mandatario interino de Venezuela declaró: “un preso no le sirve a nadie, pero un presidente exiliado tampoco (…) Estamos en una zona inédita de oportunidad y libertad y mi función, mi deber, es estar en Caracas a pesar de los riesgos”. El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, ha pedido a los cancilleres de Uruguay y México –que se han mantenido neutrales en el conflicto – que junto con una delegación del Grupo de Lima acompañen a Guaidó para que retorne por el aeropuerto de Maiquetía, principal terminal aéreo del país.
En paz
Aunque la administración de Donald Trump repite que “todas las opciones” están sobre la mesa para tratar el caso de Venezuela, el consenso internacional apunta a una salida pacífica que permita convocar a elecciones libres y justas.
La presión contra Maduro se profundiza. Estados Unidos aumentó esta semana el número de funcionarios civiles y militares sancionados, al tiempo que el Grupo de Lima informó que solicitará a la Corte Penal Internacional que “tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”.
La alianza americana que apoya a Guaidó subraya que “la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”, al tiempo que ratifica “su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.
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