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El gobernante Nicolás Maduro había solicitado la salida de Venezuela de la OEA en abril de 2017, pero las acciones del parlamento venezolano truncaron sus planes en la práctica
El 27 de abril de 2019 se completaría una de las acciones de Nicolás Maduro para evitar las resoluciones con carácter diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), mayormente impulsadas por su secretario general Luis Almagro, o sus países. Pero con Juan Guaidó, presidente interino en el cargo desde el 23 de enero pasado, la denuncia de Maduro no podrá materializarse en la práctica.
Hace dos años, el gobernante venezolano envió una carta a la secretaría general y el consejo permanente de la organización para denunciar su carta fundacional, e iniciar el proceso de separación de la OEA, pues se aludía que solo respondía a los “antojos de Estados Unidos”.
Esta decisión fue permitida tras la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de marzo de 2017, y su posterior decisión “aclaratoria”, donde se ordenó al Poder Ejecutivo proceder a “tomar las medidas internacionales que estime pertinentes”, en vista del “reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional” del Secretario de la OEA.
La acción de Maduro fue respondida por la Asamblea Nacional, liderada en ese entonces por Julio Borges, con un proyecto de acuerdo donde se rechazaba la denuncia hecha por Maduro y, por tanto, se ratificaba la permanencia de Venezuela dentro de la institución multilateral.
El 22 de enero de 2019 se aprobó un nuevo acuerdo para ratificar la adhesión de Venezuela a la organización como miembro pleno de derecho y que la denuncia de Maduro “es jurídicamente inexistente y no produce efectos jurídicos”.
En ese mismo acto, se procedió a la designación de Gustavo Tarre Briceño como representante especial, hecho que fue aceptado por el Consejo Permanente el 9 de abril sin nombrar al país o Guaidó, solo como representante de la AN.
¿Dentro o fuera?
Kenneth Ramírez, internacionalista y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), afirma que efectivamente tal denuncia a la carta de la OEA queda sin efecto debido a las gestiones de la Asamblea Nacional, reconocida como único poder legítimo en el país en la resolución del Consejo Permanente para aceptar la designación de Tarre Briceño.
“El presidente Juan Guaidó envió una carta al secretario general de la OEA junto al acuerdo parlamentario de este año para ratificar su adhesión dentro del organismo, por lo que quedó sin efecto esa decisión del régimen usurpador y, evidentemente, no va a entrar en vigor ni hay forma de ejecutarla ya que existe una representación diplomática legítimamente aceptada”, explica el internacionalista.
La situación venezolana también ha llevado a situaciones inéditas en la OEA, considera Ramírez. “Tenemos un régimen usurpador que ha sido sacado de la OEA pero la silla y representación del país quedó en manos de un gobierno interino, surgido del Parlamento en el marco de la Constitución. Pero la resolución señala que será reconocido hasta tanto se celebren elecciones libres, eso es digno de considerar”.
También señala que esta decisión ya era arbitraria, pues se contrariaba el artículado constitucional con respecto a la jerarquía de los tratados, pactos o convenciones suscritos por el país en esta materia.
En este punto, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, recuerda que en las opiniones expresadas por los constituyentes de 1999 sobre el artículo 23, se da jerarquía constitucional y protección a estos tratados referentes a derechos humanos, donde está incluida la OEA por tener dentro del sistema interamericano una Comisión (CIDH) y la Corte IDH.
Salida “a lo macho”
A pesar de la decisión de la OEA de aceptar a Tarre Briceño como representante especial y las decisiones de la Asamblea Nacional, desde el régimen de Nicolás Maduro se asevera que Venezuela saldrá de la institución el 27 de abril, aunque la oposición se niegue a ello.
El constituyente Saúl Ortega asevera que la decisión de salir de esta instancia es de los mandatarios, pues dentro de los principios de la OEA se reconoce a los Estados y no a los parlamentos.
“No es atribución del Consejo Permanente de la OEA estar reconociendo embajadores o no, eso es una atribución soberana de cada país y el presidente Nicolás Maduro inició un proceso de retiro de un organismo en decadencia, porque como dijo Fidel Castro alguna vez, es un ministerio de colonias de Estados Unidos”, destaca Ortega.
A su juicio, el comportamiento “decadente” de la institución y su secretario general lo llevarán “a la tumba. Almagro es el sepulturero de la OEA”.
La segunda vicepresidenta de la impuesta asamblea constituyente, Gladys Requena, también ratifica que el país abandonará la OEA porque el organismo se ha convertido en “un instrumento para la dominación”.
Para Requena, el salir de la organización es “un ejercicio de soberanía (…) Venezuela ejerce en atención a lo establecido en la Constitución, demuestra que la República es libre e independiente”.
También señala que la de Tarre Briceño es una aprobación a las decisiones de EEUU. “Cuando la OEA acepta a un embajador designado por una Asamblea que está en desacato, viola los derechos internacionales y eso deja en evidencia que los intereses de la OEA son los intereses del imperio”.
Las decisiones pesan
El internacionalista Kenneth Ramírez menciona que una de las decisiones que debe evaluar la AN y el presidente Guaidó es ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que se deriva en el reconocimiento de instancias como la CIDH y Corte IDH.
Sobre las decisiones que ya ha dictado la CIDH respeto a Venezuela, el presidente de Covri refiere que “la ejecución de estas decisiones en territorio venezolano hasta el cese de la usurpación tienen una limitación material, porque el poder está usurpado. Sin embargo, está la disposición del presidente interino de hacer cumplir todas las medidas”.
La OEA tiene una institucionalidad más sólida y desarrollada que otros organismos del continente, como el caso de la Unasur, comenta Ramírez. “Son casi 100 años de trabajo y cooperación del hemisferio, además de una plataforma directa para conversar con la primera potencia mundial es muy importante, porque da certidumbre de unas reglas establecidas que permiten enmarcar el comportamiento de esta potencia”.
Otro de los puntos a destacar por el internacionalista es que al contar con representación en la OEA, esto permitiría a Guaidó impugnar la legitimidad de las credenciales de los representantes venezolanos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“A partir de ahora el grupo de Lima podría enviar comunicaciones y misiones permanentes, haciendo saber la decisión tomada en la OEA y la ilegitimidad que tiene este régimen, rechazado en su propia región”, explica.
Para completar el proceso, tendría que darse una votación en la asamblea general de la ONU, en la que el régimen todavía cuenta con apoyos de potencias como China y Rusia, además de algunos países africanos.
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana tampoco queda exenta de la polémica en torno al retiro de la OEA.
El internacionalista señala que esta ya se aplica en el caso venezolano y “es lo que ha permitido, en conjunción con la carta del organismo, aplicar una serie de medidas diplomáticas para tratar de hallarle salidas a la crisis venezolana”.
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