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Por Sabrina Martín El Abr 19, 2019
La dictadura en Venezuela se convirtió el territorio en
tierra fertil para la criminalidad internacional (Wikimedia)
El país suramericano es investigado en el mundo por permitir el desarrollo de actividades terroristas, de narcotráfico, lavado de dinero internacional, corrupción y violación a derechos humanos; todo esto, bajo la mirada complaciente de las autoridades y la Fuerza Armada.
A pesar de que la mayoría de los venezolanos luchan por la caída de Nicolás Maduro, y de que los países democráticos exigen que en Venezuela exista democracia; la verdad es que el régimen está aupado por la criminalidad nacional e internacional que encontró en ese país “licencia libre” para ejercer fechorías. Por esta razón Maduro se aferra al poder pues con su caída, también destruiría la logística de grupos criminales.
Al menos tres grupos terroristas operan desde Venezuela, gracias al chavismo: El ELN, las FARC y hasta el islámico Hezbolá. Por ejemplo, el país gobernado por Maduro se convirtió en un búnquer para el ELN, por lo que la Justicia colombiana se ve impedida de actuar y emprender operativos.
En primer lugar, los máximos líderes del ELN están en Venezuela; mientras que dicha organización criminal tiene en sus manos parte del manejo y tráfico del oro venezolano.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también han hecho vida en suelo venezolano y han usado ese país como refugio y escapatoria de las autoridades colombianas.
En 2016, un reportaje del portal web El Estímulo reveló que las FARC contaban con unos 1.000 combatientes en Venezuela que operaban en los estados Zulia, Barinas y Apure.
A esto se suma el informe estadounidense presentado en junio de 2017 en Washington por el instituto American Enterprise, donde se señaló que elementos del Gobierno venezolano “administran y respaldan operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, respaldo a los movimientos guerrilleros y de corrupción”.
Según el informe, Venezuela siempre fue un pasillo natural para las exportaciones de cocaína provenientes de Colombia hacia Europa y Estados Unidos, pero el tráfico se incrementó con Hugo Chávez en el poder tras que este respaldara a las FARC.
Señala el documento que gracias a la alianza entre guerrilla y chavismo, Venezuela es ahora un centro de distribución para la cocaína producida por las FARC y otros grupos narcotraficantes.
Como si no fuera suficiente la presencia de estos dos grupos terroristas en Venezuela, los regímenes de Chávez y Maduro también han respaldado las operaciones del los iraníes y el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).
Hezbolá, cuya traducción sería “El partido de Dios”, es una organización que nació en el Líbano en 1982 tras la ocupación israelí, que cuenta con un brazo político y otro armado, y funciona con el respaldo de Irán y del Gobierno sirio de Bashar Al Assad, actuales aliados y amigos del régimen madurista.
En el libro Búmeran Chávez se revela, de acuerdo con testimonio de Rafael Isea -entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)-, quien estuvo presente en la reunión que se realizó en Damasco en el año 2007, entre Maduro -para entonces ministro de Relaciones Exteriores-, y el jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista, que se firmó un pacto que amparaba actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes, así como el despliegue de células de esa organización radical chiita en Venezuela.
En 2015 un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), identificado como Misael López Soto, quien supuestamente fue consejero de la embajada venezolana en Irak, confesó que fue testigo de que el Gobierno venezolano entregó documentos diplomáticos a terroristas del Medio Oriente.
Pero además de este suelo criminal de tres grupos terroristas, existe la dura realidad de que Venezuela se convirtió en la principal ruta para el envío de cocaína hasta Estados Unidos.
Si Maduro cae, hay mucho dinero en juego y muchos criminales y narcotraficantes que serían capturados. A ninguno de ellos les conviene la salida de la dictadura.
Una investigación exclusiva de la cadena estadounidense CNN, reveló recientemente que el tráfico de cocaína colombiana de Venezuela a Estados Unidos se ha disparado con el consentimiento del régimen de Nicolás Maduro.
Según la investigación, el número de vuelos sospechosos desde Venezuela ha aumentado de unos dos por semana que se registraban en el 2017 a casi uno diario en 2018.
El negocio para los narcotraficantes en Estados Unidos le ha significado una ganancia de 39 mil millones de dólares, de acuerdo con información que CNN obtuvo de la Oficina de Control de Drogas de la ONU.
Estados Unidos ha vinculado con el narcotráfico a varios altos funcionarios venezolanos, a quienes ha sancionado, entre ellos están el exvicepresidente Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, líder de la ilegítima y chavista Asamblea Nacional Constituyente.
Por otra parte, el medio estadounidense Bloomberg informó en febrero que, según la Administración Federal de Drogas (DEA), desde Venezuela se mueven de 15 a 20 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con el apoyo de militares y funcionarios de Maduro.
Pero además del terrorismo y del narcotráfico, Venezuela también se convirtió en tierra fértil para el lavado de dinero. Desde allí, empresas internacionales han multiplicado sus ganancias a costa de las riquezas venezolanas y las empresas estatales.
Tal es el caso de la petrolera Pdvsa, que es investigada en Estados Unidos y Europa por facilitar el lavado de dinero y la corrupción en el mundo.
Por ejemplo, recientemente se conoció que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está investigando la pérdida de 504 millones de dólares en un proyecto de gas y petróleo en Venezuela. Se intenta probar corrupción relacionada con empresas, según el diario Nikkei Asian Review.
Las autoridades de Vietnam han pedido a Petro Vietnam (PVN) “proveer todos los documentos relacionados a la implementación del proyecto”, que involucraba la puesta en marcha y mejoramiento del cambio petrolero Junín 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Para el campo Junín 2, la compañía vietnamita invertiría 1,2 millardos de dólares entre 2010 y 2015, lo que convertía a este campo en una de sus inversiones más grandes en el exterior, pero no incluía tres “bonos de contrato” que totalizaban $584 millones, que la parte vietnamita tenía que pagar al Gobierno venezolano para asegurar el negocio. Se trata de la posible pérdida de capital del proyecto estimado en $635 millones en 2017. El proyecto nunca se ejecutó al 100% y el dinero “despareció”.
Pdvsa también es investigada en Estados Unidos, España, Vietnam, Suiza, Andorra y hasta Vietnam por permitir el lavado de dinero.
Sabrina Martín 3327 Posts 0 Comments Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.
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