27 abril, 2019
ND / nota de prensa / 27 abr 2019.- La Sala Constitucional del TSJ/AN declaró como inexistente “las pretendidas autorizaciones de enjuiciamiento” a los diputados German Ferrer, Freddy Guevara , Julio Borges y Juan Requesens, así como la declaratoria de continuación del juicio para que se verifique el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, y presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela.
“La decisión de fecha 26 de abril de 2019 suscrita por el presidente del TSJ magistrado Miguel Ángel Martín en su carácter de juez sustanciador, como medida de ejecución de la sentencia definitiva de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente publicada el 17 de octubre de 2017, determina que las personas que integran la fraudulenta ANC, y los que en forma ilegítima usurpan los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas, así como los abogados Tarek William Saab quien usurpa el cargo de Fiscal General de la República, Elvis Amoroso, quien usurpa el cargo de Contralor General de la República, y Alfredo José Ruiz Angulo quien usurpa el cargo de Defensor del Pueblo, han incurrido en Desacato del mandato constitucional, y en consecuencia, serán responsables civil y penalmente conforme lo prevén los artículos 138 y 139 del texto constitucional y demás leyes de la República”.
Destaca que la inmunidad de los diputados es una institución fundamental para la democracia, establecida a fin de proteger la función parlamentaria y evitar el uso de la persecución penal y del poder punitivo del Estado para apartar indebidamente a un diputado de las tareas de legislación y de control sobre el Gobierno.
“En razón de esto ningún diputado puede ser sometido a juicio penal y privado de libertad sin que antes el Tribunal Supremo de Justicia haya declarado méritos suficientes para el enjuiciamiento, y sin que la Asamblea Nacional haya autorizado dicho proceso”, agrega.
Finalmente, el TSJ / AN envió un oficio con esta decisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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