POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JIM WYSS
14 DE MAYO DE 2019 05:58 PM
Trump anuncia sanciones contra el círculo más
cercano de Nicolás Maduro
Puede que haya sido bautizado como un proyecto socialista, pero el régimen de Nicolás Maduro quedó transformado en un gigantesco conglomerado criminal que opera en múltiples países con decenas de socios y cientos de compañías fantasmas, en un matrimonio que entre la política y el crimen organizado ha devengado miles de millones de dólares a costa de los venezolanos.
Según un estudio elaborado por la National Defense University y la firma IBI Consultants, Maduro está hoy a la cabeza de una extensa red que une a compañías, estructuras regionales e individuos con vínculos históricos en una variedad de operaciones criminales que van desde la corrupción y el lavado de dinero hasta el narcotráfico y el contrabando de oro.
La organización ha obtenido ingresos estimados entre $10,000 millones y $43,000 millones, que han sido lavados y colocados fuera de Venezuela en la última década, según cálculos de la firma IBI Consultants.
“Esta alianza de estados bolivarianos conjuntamente con las FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia) se ha fusionado para convertirse en lo que nosotros hemos definido como el Emprendimiento Criminal Conjunto Bolivariano, un consorcio de estados criminalizados y actores no estatales trabajando en concierto con objetivos comunes”, resaltó el estudio.
“Salvo que esta red sea atacada simultáneamente desde distintos puntos, la alianza va a sobrevivir y transformarse en una operación mucho más sofisticada y dispersa”, resaltó el estudio, producto de una investigación de cinco años que llevó a los autores a realizar entrevistas y recoger y analizar datos en 11 países.
El carácter internacional de la red criminal está dificultando las probabilidades que Washington tenga éxito a través de sus políticas de sanciones para socavar la estabilidad financiera del régimen, explicó Douglas Farah, uno de los autores del estudio.
Es una operación criminal conjunta entre múltiples estados, y salvo que se vaya detrás de múltiples nodos de sus finanzas simultáneamente, ellos pueden mantener un juego permanente de ‘¿dónde está la bolita?’ para esconder el dinero todo el año y luego retirarlo sin llegar a quedarse sin dinero”, dijo Farah en una entrevista telefónica.
El consorcio nació durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, quien transformó a la estatal Petróleos de Venezuela en la base de una plataforma internacional de operaciones delictivas, con la ayuda del liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.
Con el correr de los últimos 20 años, la red criminal creció hasta abarcar varias docenas de actores y cientos de compañías fantasmas que son usadas para encubrir las operaciones.
Maduro heredó la operación en el 2013, tras la muerte de Chávez, y hoy la estructura se ha convertido en una sofisticada y diversa red con operaciones que van desde El Salvador y Estados Unidos hasta Rusia y Hong Kong, pasando en camino por varios paraísos fiscales, resaltó el estudio.
“En total, identificamos a 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países.
La suma de éstas operaciones criminales no es totalmente conocida, pero recientes investigaciones por parte de un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que extrajeron $28,000 millones de PDVSA. Nosotros rastreamos que al menos $10,000 millones en fondos relacionados con Venezuela fueron movidos a través de esta red criminal entre el 2007 y el 2018”, señaló.
Según los autores del estudio, el conglomerado criminal no solo robó miles de millones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que utilizó a la estatal petrolera como la estructura central de lavado de dinero y de corrupción a lo largo de América Latina.
El inicio de las operaciones estuvieron basadas principalmente en las oportunidades de corrupción que permitían, incluyendo el emprendimiento de grandes obras ficticias de construcción, ventas ficticias de petróleo, la concesión de préstamos, la compra de activos físicos y transferencias bancarias.
Pero la cartera criminal luego comenzó a diversificarse en la medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA caía.
“Esas condiciones obligaron al presidente Nicolás Maduro a depender más de actividades como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro”, resaltó el informe. “Pero incluso con la caída de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación criminal”, agregó.
La criminalización del régimen venezolano terminó golpeando severamente a los venezolanos, culminando en la contracción de la economía en más de un 50 por ciento y en el éxodo de más de un 10 por ciento de la población, señaló el estudio.
Una de las conclusiones clave del informe es que el régimen de Venezuela por años utilizó la corrupción derivada de la enorme renta petrolera para favorecer a sus aliados políticos en otros países, incluyendo Nicaragua y El Salvador.
Entrevistas con personas cercanas a Alba Petróleos determinaron que la filial salvadoreña de PDVSA no recibió prácticamente petróleo entre 2010 y 2017, pero de todas maneras registró ingresos de aproximadamente $200 millones al año, totalizando alrededor de $1,200 millones a lo largo del tiempo examinado.
En Nicaragua, Albanisa recibió algo de petróleo, pero la filial nicaragüense de PDVSA recibió fondos que superaban con creces las importaciones. En el caso de Albanisa, el dinero provisto totalizó entre $400 y $600 millones al año, o entre $4,000 millones y $ 6,000 millones en fondos ilícitos durante la última década.
Los fondos venezolanos recibidos por estas empresas centroamericanas fueron utilizados para beneficiar a los socios políticos del régimen de Caracas, brindándoles una gran ventaja sobre sus rivales y opositores internos, al representar entre un 15 y un 20 por ciento de los presupuestos nacionales, dijo el estudio.
De izquierda a derecha, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el gobernante cubano Raúl Castro, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente boliviano Evo Morales posan para una foto durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2018 . FEDERICO PARRA GETTY IMAGES
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