Fuente: El Nuevo Herald
Antes de su arresto mientras estaba de vacaciones con su familia en Italia, Gustavo Hernández Frieri parecía tenerlo todo.
Este gerente de inversiones tenía oficinas en Miami, Manhattan y América Latina, una esposa que también trabaja en el sector financiero, tres hijos que asistían a escuelas privadas y una residencia de $2 millones en el exclusivo vecindario miamense de Bay Point.
Pero el viernes, Hernández, oriundo de Colombia, parecía cualquier cosa menos que un ejemplo de éxito en el tribunal federal de Miami para su encausamiento y fijarle la fianza.
Hernández está acusado de apoyar un entramado de lavado de dinero por valor de $1,200 millones que involucra a ocho empresarios, funcionarios de gobierno y un banquero venezolanos vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro.
Hernández, de 45 años, se declaró inocente, y batalla por quedar en libertad bajo fianza antes del juicio. Su esposa, Olympia, quien planea dejarlo, se ha negado a pagar la fianza.
“Los negocios se han caído ante este encausamiento”, dijo su abogado defensor, Michael Pasano, a la magistrada Jacqueline Becerra. “Es probable que se divorcien”.
Hernández, quien fue arrestado en julio de 2018 durante unas vacaciones con la familia en el sur de Italia, y extraditado a Miami a principios de este mes, debe salir en libertad bajo fianza este martes, aunque su esposa, quien estaba en la sala del tribunal, se negó a firmar la financiación de su libertad debido al probable divorcio.
La magistrada Becerra otorgó a Hernández la libertad bajo fianza con las siguientes condiciones: presentar un bono de garantía de $25 millones que debe ser firmado por su hermano, César Hernández Frieri, y su cuñado, Juan Carlos Gómez, los dos también participantes en el sector de las inversiones.
Esas dos personas ayudaron a Hernández a lanzar dos firmas de inversión, Global Securities Holdings y Global Strategic Investments, hace casi 20 años. Hernández también debe pagar personalmente una fianza de $1.5 millones, que le exige un pago inmediato de 10% de esa cantidad.
Hernández, bajo custodia en el Centro Federal de Detención, será colocado en arresto domiciliario con un dispositivo de supervisión electrónica en el tobillo, y debe entregar su pasaporte y los de sus tres hijos.
La magistrada aceptó estas condiciones después de aumentar en 300% la parte del bono de fianza correspondiente a Hernández. La jueza había rechazado la propuesta de una fianza de $500,000 con un pago inmediato de 10%, recomendado por el abogado defensor Pasano y el fiscal Michael Nadler.
“Creo que el bono es demasiado bajo dada la naturaleza del delito”, dijo Becerra de la propuesta conjunta. La magistrada también se cuestionó que la esposa de Hernández no pusiera ningún activo para respaldar la fianza de su marido.
“Se lo pedí”, dijo Nadler. “Dijo que no, se niega”.
El abogado Pasano restó importancia al riesgo de que su cliente huya del país, diciendo que Hernández es ciudadano estadounidense por naturalización, quería regresar a Miami desde Italia para estar con su familia y luchar contra la acusación de confabulación para lavar dinero.
Pasano también restó importancia al papel de su cliente en el caso de lavado de dinero por $1,200 millones, que alega la malversación de vastas sumas de fondos del gobierno venezolano y sobornos a funcionarios por empresarios cercanos a Maduro.
Hernández está acusado de ayudar a lavar al menos $12 millones que los fiscales dicen se pagaron en sobornos a un ex alto funcionario del monopolio estatal petrolero venezolano PDVSA, quien quería traer el dinero a Miami y a otras partes de Estados Unidos.
La tarea de Hernández era colocar ese dinero en fondos mutuos falsos y entonces lavarlos en bancos estadounidenses a cambio de una comisión, dicen los fiscales.
Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planeación financiera de PDVSA, se declaró culpable en octubre de aceptar millones de dólares en sobornos, dinero que se envió en secreto mediante transferencias a Estados Unidos y otras instituciones financieras con asistencia de Hernández y otros acusados en el caso.
A cambio, Ortega permitió que los cabecillas del entramado se quedaran con cientos millones de dólares de la petrolera a través de transacciones de préstamos y cambio de divisas, dinero que terminó en bancos de Europa, el Caribe y Estados Unidos, así como propiedades de lujo en el sur de la Florida y otras inversiones. La mayoría de los miembros del grupo no ha sido arrestada.
Ortega, quien trabajó en PDVSA más de un decenio, reconoció que usó su cargo para dar estatus “prioritario” a compañías venezolanas que trabajaban con el gobierno, para que pudieran tener acceso a los enormes ingresos petroleros y ganar fortunas de la noche a la mañana.
Algunos de los llamados bolichicos venezolanos acusados en el encausamiento tienen conexiones con Maduro, quien es uno de los sospechosos en la investigación en curso, según fuentes federales familiarizadas con el caso. Tres hijastros de Maduro están también bajo investigación, junto con Raúl Gorrín, acaudalado magnate de la televisión en Venezuela.
En un caso federal separado en el sur de la Florida, Gorrín fue acusado de confabularse con el entonces tesorero nacional venezolano Alejandro Andrade para malversar más de $1,000 millones del gobierno. Andrade se declaró culpable de un cargo de confabulación para lavar dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión.
Andrade ha cooperado con la fiscalía federal e Investigaciones de Seguridad Nacional en el caso contra Gorrín, quien también tenía nexos con el fallecido presidente Hugo Chávez.
posted by frentelibertario
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