jueves, 11 de julio de 2019

Ayala Corao: “La justicia puede tardar, pero llegará a Venezuela”

El experto en DD.HH., Carlos Ayala Corao, reconoce que la justicia internacional en casos de crímenes de lesa humanidad es lenta, pero la historia demuestra que es efectiva




El abogado especialista en Derecho Público y en Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explica que actualmente la Corte Penal Internacional- CPI- se encuentra en la etapa del examen preliminar de investigación a raíz de los hechos ocurridos en Venezuela con las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.

“Un acto de tortura es un delito internacional y una grave violación a los derechos humanos, una tortura aislada; pero cuando la tortura es parte de un ataque sistemático a un sector de la población, por ideología en este caso, si se logra demostrar un patrón sistemático, llega al estándar delito de lesa humanidad”.

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El experto trae a colación el caso de Augusto Pinochet (1973-1990) quien comenzó a ser juzgado en España, no por lesa humanidad, si no por actos de tortura.

Afirma que si bien la CPI trabaja “con lentitud”, la justicia llega.

“Lo importante no es la inmediatez o inmediación con la que ocurra la justicia, si no se que sepa que un día aquellos que han perpetrado delitos tendrán que pagar ante tribunales nacionales o internacionales”.

En entrevista a César Miguel Rondón, En Conexión, Corao añade que el Consejo de Derechos Humanos tiene que adoptar una resolución sobre el informe que presentó el 5 de julio la alta comisionada para os derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Esa acción podría concretarse en agosto e irá acompañada por un serie de recomendaciones, como por ejemplo, abrir un calendario de visitas de los relatores y grupos de trabajos, cumplimento de las recomendaciones de Bachelet, y decidir la creación de una comisión de investigación de los crímenes más grandes en la materia.

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El profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica “Andres Bello”, explica que de todo esto devenga en la necesidad de que esa investigación de la ONU lleve los casos ante la Corte Penal lnternacional.

“El Estatuo de Roma supone que los Estados investiguen o sanciones esos delitos, pero si estos no quieren o no pueden, es cuando se activa jurisdicción de la CPI, por eso está abierto el examen preliminar”.

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