Defensa de Acosta se reunió con delegados de Bachelet

SUCESOS

Según la jurista, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos “está muy pendiente del caso"

Defensa de Acosta se reunió con delegados de Bachelet

La muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta, quien presentó signos de tortura durante su presentación ante el Tribunal Militar III de Control, debe alarmar a la comunidad internacional; sobre todo, debe llamar la atención de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Así lo aseguran los activistas por los derechos humanos.

La detención del militar, que no presentó ninguna orden de aprehensión de un tribunal, la ejecutó la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), junto a otros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el 21 de junio.

El capitán fue encarcelado por estar, presuntamente, vinculado a un movimiento subversivo con planes de magnicidio.

Sus familiares y abogados no consiguieron información sobre su estado de salud ni pudieron verlo hasta el 28 de junio, cuando fue presentado en una silla de ruedas a la audiencia preliminar.

“Fue una detención arbitraria basada en unas declaraciones de funcionarios del régimen. Ellos, desde los medios de comunicación, acusan y condenan a muerte a personas inocentes”, indicó Ana Leonor Acosta, abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ONG que lleva el caso del militar venezolano.

Acosta detalló la condición en la que se encontraba el capitán al momento de ser presentado ante la Corte Marcial:

“No podía pararse, no podía caminar, no coordinaba motoramente. Tenía rastros de sangre alrededor de la boca, las uñas y en los brazos.

Tenía los ojos desorbitados y dificultades para hablar, cuando su estado de salud era óptimo y las propias actas en el expediente señalan que caminaba al momento de la detención”.

Confirmó que, desde la ONG, se han reunido con los delgados de Bachelet, quienes “están muy pendiente del caso” y están trabajando, “dentro de lo que les permite el tema protocolar y la Cancillería, para llegar al fondo de la verdad”.

El caso fue precalificado por la Fiscal 53 del Ministerio Público como un homicidio preterintencional.

“Lo primero era la declaración de la alta comisionada, Michelle Bachelet, que decía que lamentaba que solo se hubiese precisado a dos funcionarios por homicidio y que se deje por fuera el tema de las torturas. Además, pidió una investigación más exhaustiva, transparente, imparcial y autónoma”, explicó.

Hasta este lunes a las 5:25 pm, los abogados que manejan el caso del capitán no han obtenido ninguna información sobre su cadáver ni han sido contactados para el protocolo de la autopsia.

“Este hecho no es un simple homicidio; es una violación sistemática de derechos humanos. Se debe llegar a las personas que ordenan este tipo de actuaciones que van en contra de la dignidad humana y que son permitidas por altos funcionarios de la FANB, del Gobierno, jueces y fiscales”, puntualizó la jurista.

Aseveró, además, que no se debe permitir impunidad en el caso, como lo que ocurrió con el concejal Fernando Albán, que murió en extrañas circunstancias cuando se encontraba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Se debe investigar hasta el final para que no haya impunidad con respecto a la tortura, al sufrimiento tanto del capitán como de muchos ciudadanos que han pasado por esta situación”.