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El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela, así comienza un artículo publicado este martes en el diario El País de España al señalar que los cuerpos policiales están en el punto de mira por centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos.
Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social y comentó que su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado en Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018, por oficiales que vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas: “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”.
“Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos.
Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explicó.
“Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, otra madre de un joven asesinado por policías en Las Adjuntas.
Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público.
La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES, reseñó el medio español.
W. C., un oficial que desertó, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento: “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen.
Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”.
La ONG Cofavic contabiliza 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado.
Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional.
Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, manifestó Liliana Ortega, directora de la organización.
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