Por Zenaida Amador
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Miércoles 04 de septiembre de 2019, 10:23h
Zenaida Amador (ALN).-
Desde enero, cuando Juan Guaidó asumió de forma interina las funciones ejecutivas de la República, ha venido adelantando acciones internacionalmente para garantizar la protección de los activos externos de la nación y negociar con los acreedores acuerdos que no lesionen el patrimonio nacional. Sin embargo, la tarea ha sido cuesta arriba.
Guaidó busca garantizar la protección de los activos
externos de Venezuela / Twitter: @jguaido
Ya en mayo pasado se había señalado que Juan Guaidó, en su condición de presidente interino de Venezuela, contactó a Lee Buchheit, experto en reestructuración de deuda, para buscar asesoramiento en esta materia, dada la compleja situación que enfrenta el país, que acumula impagos por más de 60.000 millones de dólares.
Desde entonces se han manejado varias opciones, con acercamientos a los acreedores, aunque parte de la apuesta del equipo de Guaidó es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emita una Orden Ejecutiva que le dé protección de los acreedores a los activos de Venezuela en su territorio, algo que aún no ha ocurrido.
Fundada en 1879 por Algernon Sydney Sullivan y William Nelson Cromwel, Sullivan & Cromwell asesoró a John Pierpont Morgan durante la creación de Edison General Electric (1882) y luego guió a los actores clave en la formación de US Steel (1901). Cromwell desarrolló el concepto de una sociedad de cartera, persuadiendo a Nueva Jersey para que lo incluyera en la ley estatal y permitiendo a las empresas que se incorporan allí evitar las leyes antimonopolio.
La empresa también trabajó con empresas menos exitosas durante las décadas volátiles antes del establecimiento de las leyes federales modernas de bancarrota; fue pionera en los esfuerzos para reorganizar las empresas insolventes a través de lo que se conoció como el “plan Cromwell”. Cromwell fue llamado “el médico de Wall Street” por su capacidad para rescatar a empresas en quiebra.
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En este contexto, la Procuraduría Especial designada por Guaidó anunció este martes que la firma de abogados Sullivan & Cromwell LLP es el asesor principal para la reestructuración de la deuda externa de la República de Venezuela y otros organismos públicos de la nación. La presión crece para que se logre pactar dicha reestructuración, ya que el tiempo corre en contra.
Hace tan sólo una semana la agencia Reuters conversó con Mike Cornelius, gerente de la administradora de fondos T. Rowe Price, quien dijo haber mantenido conversaciones informales con asesores de Guaidó sobre el financiamiento del pago de 913 millones de dólares del bono 2020 de Petróleos de Venezuela, que debe efectuarse en octubre.
Este pago genera presión en la gestión de Guaidó, que ya en abril de este año tuvo que gestionar la erogación de 71,5 millones de dólares correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, con el fin de proteger Citgo, que es el principal activo de Venezuela en Estados Unidos, ya que 50,1% de sus acciones sirven de garantía a esos papeles.
“T Rowe Price, como parte del Comité de Acreedores de Venezuela, ha expresado la opinión de que los tenedores de bonos considerarían una nueva ayuda monetaria para ayudar con el pago de 2020, pero es imposible mientras haya una prohibición comercial de los bonos existentes”, explicó Cornelius, para quien un acuerdo en este sentido pasa por un cambio en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que ha aplicado Estados Unidos.
Las sanciones limitan las operaciones por las restricciones comerciales sobre los bonos venezolanos.
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Ahora la Procuraduría, que encabeza el abogado José Ignacio Hernández, informa que sumó a su causa al centenario bufete Sullivan & Cromwell LLP y pactó con él “una adaptación al costo legal durante un período inicial” en atención a la necesidad que existe de abordar la crisis humanitaria del país.
Aunque sin ofrecer mayores detalles, dijo que contará directamente con Sergio Galvis, director de Prácticas de Finanzas Soberanas Latinoamericanas, y Jim Bromley, jefe del equipo de reestructuración de deuda de la firma.
Se espera que Sullivan & Cromwell LLP, que se promociona afirmando que “los resultados que logra la firma la han distinguido por más de 140 años y la han convertido en un modelo para la práctica moderna de la ley”, ayude a hacer frente a la situación. La información del despacho de Hernández dice que “la incorporación de la firma contribuirá al compromiso del gobierno interino de buscar una solución ordenada y consensuada de todos los reclamos comerciales heredados de los regímenes anteriores”.
Aunque Washington ha sido un aliado clave de Guaidó, a la fecha no ha emitido la tan esperada Orden Ejecutiva de protección de activos ni ha modificado la Licencia General 5 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en el marco de las sanciones aplicadas al régimen de Maduro, licencia que permite a los tenedores de bonos PDVSA 2020 acceder al cobro de sus garantías.
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