lunes, 7 de octubre de 2019

El caso del banquero venezolano Víctor Vargas se pone al rojo vivo

INFORME CONFIDENCIAL

Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo

Por Juan Carlos Zapata 
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Lunes 07 de octubre de 2019, 13:00h 
Juan Carlos Zapata (ALN).-

El caso del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín adquiere otra dinámica. Las acusaciones están a la orden del día.

El Banco Central de Curazao quiere poner orden en la jurisdicción y el banquero casa un duelo de alto riesgo.


Comienzan las acusaciones graves contra 
Víctor Vargas / Foto: BOD

El banquero Víctor Vargas Irausquín dice que los activos del Banco del Orinoco de Curazao se situaban en enero en 1.165 millones de dólares. Pero el Banco Central de Curazao dice que la entidad tiene “muy pocos activos” mientras que “las deudas son considerables”.

El banquero Víctor Vargas apunta que al momento de la intervención, hace un mes, el Banco del Orinoco contaba con 55 millones de dólares en caja. Dinero contante y sonante disponible. El Banco Central de Curazao, que ordenó la intervención, señala que “la posición financiera” de la entidad “es deplorable”.

En este país, Vargas tiene amigos, inclusive es amigo del presidente de la República, Danilo Medina. En Curazao la situación es diferente. Luego de un conjunto de omisiones en el tema de la regulación, el Banco Central de Curazao está actuando esta vez con diligencia, tal vez para corregir las fallas del pasado, negligencia que ayudó a que la situación del Banco del Orinoco se extendiera en el tiempo.

Vargas no viajó a Curazao. No le gusta Curazao. Desde que adquirió el banco hace más de una década, no ha visitado la isla más de dos veces, revela al diario ALnavío uno de sus ejecutivos de confianza. Y eso que en el grupo de Vargas decían que Curazao era una plaza estratégica, tanto que prefirió operar en Curazao antes que en Nueva York.

La verdad es que en los Estados Unidos tiene prohibido operar bancos. Ahora señala que Curazao como jurisdicción no le interesa.

El abogado Robert Frans, natural de Curazao, que defiende a un grupo, 15, de clientes a los que el Banco del Orinoco no les devolvió sus depósitos que suman varios millones de dólares, dice que Víctor Vargas está obligado a probar, con hechos y no palabras, con hechos y no con comunicados, la existencia de esos 55 millones de dólares.

El banquero Víctor Vargas señala al Banco Central de Curazao de hacer mal uso de ese dinero, de pagar elevados honorarios a asesores legales, de no pagar a los empleados y de mantener cerradas las puertas del Banco del Orinoco.

El Banco Central de Curazao hace suya la afirmación del tribunal de primera instancia de que Víctor Vargas entregó información falsa, documentos falsos, con el fin de sustentar “su posición financiera”. Grave señalamiento, sin duda.

El banquero Víctor Vargas admite que desde hace un año el Banco Central de Curazao tenía bajo supervisión al Banco del Orinoco, que la autoridad no entregó toda la información al tribunal, y que desvió dinero.

El Banco Central duda del supuesto patrimonio financiero que defiende Vargas, y presentada a la autoridad reguladora y a los auditores por parte del Banco del Orinoco.

En consecuencia, el tribunal de primera instancia ha declarado la bancarrota del instituto del banquero venezolano, Víctor Vargas Irausquín. El banquero tiene 8 días para apelar.

El Banco del Orinoco fue intervenido el 5 de septiembre. Dos días antes, la Asamblea General de accionistas de la institución había decidido liquidarlo, jugada hábil del banquero para enredar el escenario.

Vargas dijo que contaba con un plan que permitiría que los depositantes recuperaran el dinero en 60 días.

¿Por qué no pagó antes? Habló entonces de haberes en un portafolio de inversiones. No dijo que había ese dinero contante y sonante, y tampoco habló de aquel monto de más 1.100 millones de dólares en activos.

¿Por qué no suministró esos números en la rueda de prensa que ofreció el 7 de septiembre? Vargas, entonces, soltó una cifra, 778 millones de dólares, que correspondía al volumen de negocios.

La intervención del Orinoco desencadenó un efecto en cadena en los bancos del grupo financiero BOD, Banco Occidental de Descuento.

En Panamá la autoridad hizo lo propio con AllBank, y más luego en Venezuela, la Superintendencia de Bancos, Sudeban intervino el Banco Occidental de Descuento, la entidad central del grupo, medida que fue retirada horas más tarde.

En Antigua después se tomaron precauciones en torno a BOIbank, lo mismo que en República Dominicana, donde el grupo es dueño de Bancamérica, y está siendo vigilado de cerca.

Vargas viajó de urgencia a Santo Domingo a hacerle frente a la situación alertado de la renuncia del director externo de Bancamérica, Marcos Juan Troncoso Mejía, que alegaba se había ignorado una serie de recomendaciones como el desmontaje de un depósito de 25 millones de dólares con BOIBank de Antigua.

En este país, Vargas tiene amigos, inclusive es amigo del presidente de la República, Danilo Medina. En Curazao la situación es diferente. Luego de un conjunto de omisiones en el tema de la regulación, el Banco Central de Curazao está actuando esta vez con diligencia, tal vez para corregir las fallas del pasado, negligencia que ayudó a que la situación del Banco del Orinoco se extendiera en el tiempo. Vargas no viajó a Curazao.

No le gusta Curazao. Desde que adquirió el banco hace más de una década, no ha visitado la isla más de dos veces, revela al diario ALnavío uno de sus ejecutivos de confianza. Y eso que en el grupo de Vargas decían que Curazao era una plaza estratégica, tanto que prefirió operar en Curazao antes que en Nueva York. La verdad es que en los Estados Unidos tiene prohibido operar bancos. Ahora señala que Curazao como jurisdicción no le interesa.

El abogado Robert Frans explica que el Banco Central actuó conforme a la ley, y que si Vargas estima, y tiene prueba de actuaciones fuera de lugar, le queda el recurso de pelear el caso en los tribunales de Curazao. “El sistema holandés no tiene nada de Mickey Mouse”, argumenta. “Él puede apelar hasta la Corte Suprema de La Haya”.

Los señalamientos anteriores indican el grado de confrontación al que se ha llegado en el caso Banco del Orinoco y Víctor Vargas Irausquín con las autoridades de Curazao.

A esto se suma el amparo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a favor de supuestos clientes del Orinoco y Vargas, ordenándole a Curazao se abstenga de ejecutar acciones que pongan en riesgo los depósitos y los depositantes, más la solicitud de un arbitraje internacional por parte del banquero con el apoyo, según consta en el escrito, del 70% de los ahorristas. Por lo que dice, Vargas ha quemado las naves respecto a Curazao.

No hay punto intermedio en lo que se dice. Si le preocupaba su reputación, esta ha quedado entredicho con los señalamientos del Banco Central de Curazao.

¿Cuál es el mayor desafío para Víctor Vargas, el banquero amigo del chavismo?

Robert Frans dice, por su lado, que “eso del arbitraje internacional es un truco que no vale”. Para la vía del arbitraje, los partidos tienen que estar de acuerdo.

“Esto no se pide como lo ha hecho Vargas. Jurídicamente no cuadra”. Y respecto al amparo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señala: “Ese tribunal está reescribiendo la ley internacional”.

Los señalamientos no acaban allí. En el resumen sobre el arbitraje, Vargas apunta que el Banco Central tomó medidas irracionales y discriminatorias, “incluyendo emitir órdenes sin fundamento legal para el traslado de sus inversiones a un Banco local en la isla”.

Vargas insiste que “a principios de septiembre, la Junta Directiva del Banco del Orinoco N.V, ubicado en Curazao, decidió liquidar la entidad financiera, debido a las alertas en relación a lavado de dinero en la región y a la inestabilidad de sector financiero curazoleño”.

Estos últimos puntos son de extrema gravedad. Porque Vargas no sólo pone en el foco al gobierno y al Banco Central de Curazao, sino además al sistema financiero y con él a los bancos de otros grupos venezolanos que operan en la jurisdicción.

El abogado Robert Frans explica: “El Banco Central tiene por cuenta de la Ley la supervisión, pedir la quiebra del Banco del Orinoco en el momento en que se percata que hay más acreedores que activos.

No tiene otro camino. Está obligado a hacer la petición al tribunal y sobre la base de las pruebas, el tribunal decide.

Si Víctor Vargas Irausquín no está de acuerdo con esto, tiene que apelar la decisión y pelear. Pero él no está haciendo uso de esta posibilidad. Está llevando a cabo una campaña en los medios. Y el arbitraje internacional es puro cuento”.

Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo

Una fuente dijo que hace un año Vargas solicitó ayuda de un alto exejecutivo de la organización que conoce bien el terreno.

Vargas envió a dos emisarios a Curazao, dos abogados. La recomendación recibida fue siempre la misma. Paga.

Paga a los depositantes. No había que explorar otras soluciones. No existían. Vargas, por intermedio de los abogados, llegó a proponer el pago en bolívares y no en dólares, lo cual, por supuesto, fue rechazado.

El abogado Robert Frans explica que él fue uno de los involucrados en buscar soluciones. “Pero nunca los abogados locales del Banco del Orinoco en Curazao ni los abogados del BOD en Venezuela, nos explicaron de forma clara y transparente cuál era el problema. Nosotros no sólo demandamos y defendemos a nuestros clientes. También queríamos aportar salidas. Pero ellos no cumplen. Siempre dicen que hay suficiente plata, pero ahora resulta que esa plata no se encuentra en el Banco del Orinoco”.

Los clientes de Frans reclaman montos que superan los 500.000 dólares. Uno solo de ellos reclama 2,3 millones de dólares. Franz señala que lleva tres veredictos a favor que “hasta el día de hoy no cumplieron”.

Robert Frans cierra este capítulo con estas afirmaciones. “La regulación fue muy laxa. Han debido intervenir antes.

Estaban suministrando información falsa, y si estaban haciendo eso es muy difícil rastrear los activos. El Ministerio Público debe perseguir a todos los involucrados. Inclusive al director de la entidad, Luis Alfonso de Borbón. Este está obligado a demostrar qué hizo para evitar la quiebra”.



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