sábado, 5 de octubre de 2019

La probabilidad de no perder Citgo es de 1%

ECONOMÍA

Así lo aseguró el economista Francisco Rodríguez tomando en cuenta la jurisprudencia estadounidense en casos similares


La probabilidad de no perder Citgo es de 1%

El economista venezolano residenciado en Estados Unidos, Francisco Rodríguez, emitió su opinión con respecto a la situación de los activos de Venezuela en el exterior y el riesgo de perderlos, frente a los acreedores que buscan que la República salde la deuda que tiene con ellos.

Asimismo, hizo una serie de recomendaciones para tratar de no perder estos activos, quizá el principal de ellos, Citgo.

Según Rodríguez, la deuda que hasta ahora se conoce, dejaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro asciende a 154 millardos de dólares, “a pesar de haber recibido el boom petrolero más grande de la historia” de Venezuela.

Por otro lado, en ese mismo tiempo, expropiaron numerosas inversiones internacionales violando tratados de protección de inversión suscritos por este país suramericano.

Manifestó que en el año 2017, Venezuela entró en default al no poder pagar a los acreedores, básicamente al no contar con las divisas suficientes para hacer frente a estos compromisos, debido mayormente a la caída en la producción petrolera, lo que mermó la caja nacional.

Además, varias empresas expropiadas ganaron demandas en tribunales de arbitraje internacional.

Para el economista Francisco Rodríguez, dos de las deudas contraídas por la República son particularmente importantes:

Se deben a la minera canadiense Crystallex, 1.4 millardos de dólares, producto de un laudo arbitral luego de las expropiación de sus equipos en la minas Las Cristinas en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

Se deben 1.7 millardos por el Bono Pdvsa 2020, sobre el cual hay como garantía la refinería venezolana en Estados Unidos, Citgo.

Por esta deuda, en agosto de 2018 un tribunal de Delaware decidió que la empresa Crystallex podía embargar a PDV Holding, casa matriz de Citgo, dado el incumplimiento del laudo arbitral. Inmediatamente Pdvsa apeló la sentencia. Perdió la misma en julio de 2019.

Dos opciones le quedan a Petróleos de Venezuela por hacer

En opinión de Francisco Rodríguez, Pdvsa tiene dos opciones antes de perder Citgo: Solicitar una revisión de la apelación, o llevar el caso a la Corte Suprema. “Ambas opciones generalmente tienen una probabilidad muy baja de éxito (1% basado en casos anteriores).

Debemos agregar que, aunque Pdvsa había logrado conseguir que se suspendiera la ejecución del embargo, el pasado 30 de septiembre la corte de apelaciones levantó la suspensión, y ahora Crystallex puede proceder a vender las acciones de Citgo, aunque Pdvsa continúe ejerciendo apelaciones, dijo Rodríguez.

Sin embargo, continuó en su explicación el economista, debido a las sanciones de Estados Unidos están prohibidas las transferencias de activos de Venezuela a través de entidades de este país. Para concretar cualquier venta de acciones, Crystallex necesita una orden del presidente Donald Trump.

Hay que pagar 913 millones en octubre

Francisco Rodríguez comentó que el caso del Bono Pdvsa 2020 es distinto porque está al día con los acreedores, aunque corresponde a la petrolera venezolana hacer un pago por 913 millones de dólares el 28 octubre de 2019, que de no realizarse, los acreedores podrían ir también contra este activo.

“A diferencia de Crystallex, los tenedores del Bono Pdvsa 2020 ya obtuvieron una autorización para ejecutar la hipoteca en caso de impago, publicada por OFAC en mayo de 2018. Por tanto, las sanciones estadounidenses ya no impiden la ejecución de esa hipoteca”, afirmó Rodríguez.

Francisco Rodríguez resaltó que, a menos que Estados Unidos revoque la licencia general que permite a los acreedores ejecutar la hipoteca del Bono Pdvsa 2020, Venezuela perderá Citgo si no cumple con el pago de los 913 millones de dólares en octubre.

“También perderá Citgo si Estados Unidos emite una licencia a favor de Crystallex”, aseveró el economista.

Alternativas para proteger Citgo

Frente a esta situación, puntualizó Rodríguez, quedan algunas alternativas para proteger Citgo:

  • Que Estados Unidos revoque la licencia 5 (2020), 
  • Que Estados Unidos niegue la licencia solicitada por Crystallex, 
  • Que Estados Unidos emita una orden general protegiendo los activos venezolanos del embargo.

Particularmente Rodríguez plantea dos opciones más: Llevar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una solicitud de una orden de protección de activos, y pedir a los acreedores un pacto de no embargar a cambio de trato preferencial en una futura restructuración.

Recomendación a la Asamblea Nacional

Para el economista Francisco Rodríguez, la Asamblea Nacional debe “cuidarse de tomar decisiones que puedan ser utilizadas en su contra en las cortes estadounidenses”. En este sentido sugirió que deben mantenerse separadas las decisiones del gobierno y las de la industria petrolera.

“En la ley estadounidense, un acreedor puede embargar activos de una compañía (Pdvsa) para cobrarse una deuda de su dueño (Venezuela), sólo si se prueba que el dueño ejerció “control extensivo” sobre una compañía sin permitirla actuar independientemente”, señaló Rodríguez.

Explicó que, “El control extensivo implica que la compañía no es autónoma sino que es utilizada como un instrumento del dueño. En este caso se dice que se ha probado el principio de alter ego y los activos de la compañía son embargables frente a impago de deudas por el dueño”.

Crystallex en sus argumentos ante la corte, comentó Rodríguez, manifestó que se cumplía el alter ego, mostrando como elementos probatorios el nombramiento directo de Asdrúbal Chávez por Maduro y el uso de aviones de Pdvsa para transportar a lideres de las FARC.

“También pudo argumentar exitosamente que durante el gobierno de Juan Guaidó se seguía cumpliendo el principio de alter ego, usando como evidencia el nombramiento de la junta directiva de Citgo por la Asamblea Nacional en Febrero”, dijo Rodríguez.

En su explicación, Rodríguez aseguró que el parlamento venezolano pudo haber cometido un error similar al de febrero, al aprobar el martes 1 de octubre un acuerdo en el que le otorga al Procurador Especial de la República José Ignacio Hernández, la responsabilidad de proteger los activos de Pdvsa.

En este sentido, resaltó el economista que “el procurador es abogado de la República, no de Pdvsa”, y Obligar a Pdvsa a adoptar al abogado de la República es una práctica de control directo que da pie al argumento del alter ego, y hace a la empresa vulnerable ante embargos en cortes internacionales.




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