SUR DE LA FLORIDA
Un proyecto de ley para prohibir a las agencias federales de Estados Unidos hacer negocios con cualquier persona que apoye al régimen de Nicolás Maduro fue presentado por cuatro senadores, dos de ellos de la Florida.
El proyecto “Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano (BOLIVAR, por sus siglas en inglés) de aprobarse solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de su promulgación, dijo la oficina del senador republicano de la Florida, Rick Scott.
Tampoco afectaría a ningún negocio con el “gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sus sucesores electos”.
El proyecto establece las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres, y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.
También permitiría al Secretario de Estado finalizar con la restricción cuando sea de interés nacional para Estados Unidos.
“Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Venezuela. Ni un centavo de los contribuyentes estadounidenses puede utilizarse para apoyar a este régimen asesino. Como Gobernador, prohibí al estado de la Florida, incluyendo a todas las agencias estatales, invertir en cualquier empresa que esté haciendo negocios con el gobierno opresivo de Maduro”, dijo Scott quien lidera el proyecto de ley.
El senador enfatizó al presentar el proyecto el pasado viernes que no se pueden quedar al margen y dejar que la crisis venezolana continúe, “y esto comienza con restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder”.
Los senadores Marco Rubio (R-Fl), Jacky Rosen (D-NV) y Thom Tillis (R-NC) copatrocinan el proyecto.
En 2019, una enmienda presentada por Scott para cortar los fondos al régimen de Maduro se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Rubio dijo que en medio de la crisis provocada por Maduro y “sus secuaces”, deben asegurarse que las agencias federales no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen.
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