3 JUNIO, 2019
by JULETT PINEDA SLEINAN | @JULEPINEDA
“La sed del oro nos dejará sin agua”, rezaba una pancarta a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La mañana de este lunes, 3 de junio, la ONG En Defensa de la Constitución protestó a las afueras de la sede del Poder Judicial por el “silencio y la indolencia” del Estado ante la expansión de la minería ilegal al sur del país con la creación del Arco Minero del Orinoco.
Olly Millán, representante de la ONG, recordó que la organización introdujo un recurso hace tres años en contra del decreto 2.248, que establece la creación del Arco Minero del Orinoco, una extensión de más de 111 mil kilómetros al sur del país destinado a la explotación de minerales.
“Hubo un desistimiento por parte del TSJ, pero no fue notificado. El 31 de mayo de 2016 introdujimos un recurso en contra de ese decreto.
Pusimos direcciones procesales a las que tenían que notificarnos cualquier decisión del tribunal, pero no hemos tenido ninguna respuesta por esa vía”, explicó Millán.
“Para nosotros sigue habiendo un silencio absoluto en torno a la devastación”, añadió sobre la ausencia de una respuesta oficial del Estado.
Millán aseguró que En Defensa de la Constitución evaluará con su equipo legal las próximas estrategias a implementar y detalló que elevarán las denuncias contra el Arco Minero del Orinoco ante organismos internacionales, aunque no precisó cuáles serán esas instancias.
“Estamos hablando de una crisis que tiene que ver con un genocidio y con un ecocidio en la Amazonía. El Arco Minero del Orinoco es una política de Estado”, continuó.
En el pronunciamiento realizado en las adyacencias del máximo tribunal del país también estuvieron presentes otras organizaciones de carácter ambiental y que defienden los derechos humanos, como Provea, el Observatorio de Ecología Política y el sindicato del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques).
Andrea Pacheco, activista por los derechos humanos, aseguró que las denuncias en torno al Arco Minero del Orinoco también serán llevadas a otras instancias nacionales ante el silencio del TSJ.
“Por tercer año consecutivo venimos a denunciar el silencio y la absoluta indolencia del Estado”, dijo a la vez que señaló la precariedad que se vive en materia de servicios y de salud en las comunidades del sur del país.
“No hay acceso a gasolina y está la epidemia de malaria”, dijo, potenciada por la proliferación de la actividad minera ilegal en la zona.
Lea aquí la investigación Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, realizada por Efecto Cocuyo.
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