Fuente: Noticias de Israel
Hace apenas unos meses, los venezolanos estaban llenos de nuevas esperanzas: un nuevo presidente, la tan necesaria ayuda humanitaria y la restauración de la democracia en su país. Pero con el fracaso de la revuelta liderada por el líder de la oposición Juan Guaidó en abril de 2019, el pueblo venezolano tuvo un mal año.
En las últimas semanas, han vuelto a las calles, exigiendo libertad y democracia. Sin embargo, Nicolás Maduro sigue insistiendo en una reivindicación ilegal del poder.
El gobierno de Estados Unidos y la coalición de vecinos de Venezuela hicieron bien en subir el precio para que Maduro y sus amigos siguieran haciendo negocios como de costumbre.
Pero estos castigos económicos pueden haber alcanzado su punto álgido. Los miembros de la coalición deben aumentar la presión sobre el régimen mediante la presentación de casos en sus propios tribunales sobre la corrupción de Maduro.
Maduro y su séquito están acusados de esconder dinero robado del gobierno venezolano en cuentas bancarias personales en todo el mundo, haberse beneficiado del tráfico de drogas, la minería ilegal y las violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura y el asesinato.
Estos crímenes han tenido consecuencias de largo alcance. Sin embargo, se han hecho pocas acusaciones contra Maduro o sus colegas.
En 2017, Tarek El-Issami, entonces vicepresidente de Maduro, fue acusado bajo la ley federal de narcotraficantes y sus activos fueron congelados en Estados Unidos y otros países. Pero, por supuesto, El-Issami no es el único que merece un recuento legal.
Existe un precedente cuando el Departamento de Justicia enfoca sus acciones en áreas que son consistentes con las prioridades de la política exterior del país.
En 1988, el Departamento de Justicia acusó al presidente Manuel Noriega de Panamá y a miembros de su círculo íntimo de cortar las relaciones entre Panamá y Washington.
Más recientemente, el Departamento de Justicia acusó e intentó extraditar al Director Financiero de Huawei cuando los Estados Unidos hablaron abiertamente sobre las amenazas a la seguridad que representaban la tecnología de Huawei y China.
En Washington se rumorea que ya hay cargos sellados contra miembros del círculo íntimo de Maduro y que el Departamento de Justicia está esperando el momento adecuado para liberarlos. Es hora de presentar nuevos cargos contra miembros del régimen de Maduro.
Este no es sólo el caso en los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos tienen capacidades de información más poderosas que nos permiten entender mejor quién puede cometer qué crímenes.
Países como Colombia, a la que han huido muchos venezolanos, Perú, donde los refugiados venezolanos han sido víctimas de la trata de personas, y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones legales más amplias de los cargos de “crímenes contra la humanidad”, deberían investigar si los cómplices de Maduro han cometido crímenes dentro de su jurisdicción.
Algunos argumentan que no tiene sentido presentar cargos criminales contra los miembros del equipo de Maduro. Por supuesto, no serán extraditados a los Estados Unidos ni a ningún otro lugar. Si bien esto puede ser cierto, todavía hay buenas razones para tales acciones.
En primer lugar, los sistemas judiciales de los Estados Unidos y de muchos otros países de las Américas siguen siendo respetados como independientes de la rama ejecutiva de esos países.
Si bien existe un precedente en el que el Departamento de Justicia se centra en los intereses de la política exterior de EE.UU., todavía existe una distinción importante entre las sanciones que se pueden aplicar por determinación del poder ejecutivo y los cargos que requieren pruebas en los tribunales.
Los procesamientos sólo se llevan a cabo si existen pruebas suficientes para convencer a un tribunal independiente.
En segundo lugar, tras la acusación, Maduro y su entorno podrían ser objeto de una “advertencia roja” de INTERPOL, lo que limitaría gravemente su capacidad para viajar fuera de Venezuela.
Puede que todavía puedan viajar a Cuba y Rusia, pero sus viajes de compras a Madrid, París y Londres ya no serán posibles. Muy rápidamente se darán cuenta de que todo el dinero ilegalmente adquirido en sus cuentas es inútil si no tienen dónde gastarlo.
En tercer lugar, las pruebas reunidas por los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado internacional por el que se establece la Corte Penal Internacional, pueden transferirse a la Corte para su propia investigación.
Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte, la mayoría de los países latinoamericanos lo son. En febrero se inició una investigación judicial inicial sobre las acusaciones de tortura cometidas por actores estatales en Venezuela, después de que seis gobiernos presentaran una solicitud formal.
La recopilación de pruebas para condenar a otros miembros del círculo maduroniano requeriría recursos considerables, y la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos tendría que proporcionar al Departamento de Justicia gran parte de las pruebas necesarias contra venezolanos a título individual.
Los países socios en las Américas necesitarían establecer equipos de fiscales. El intercambio de información recopilada por Estados Unidos con socios extranjeros debería ser una prioridad, probablemente bajo la dirección del Fiscal General o del presidente.
Dado que el pueblo venezolano ha seguido demostrando su capacidad de recuperación, la comunidad internacional también debe seguir demostrando su determinación.
Los sistemas judiciales de las Américas deben arrojar luz sobre la creciente oscuridad de Venezuela y llevar ante la justicia a los muchos miembros del régimen que han permanecido ricos y poderosos a expensas del sufrimiento de sus ciudadanos.
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posted by frentelibertario
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