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Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Pese a ello el bloque es blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro por no aumentar la presión al nivel de Estados Unidos.
Con sus sanciones, que son reversibles, y sus contactos diplomáticos, sobre todo a través del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la UE presiona por una “solución pacífica, política y democrática” a la crisis en Venezuela.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en nombre de la UE, manifestó la preocupación del bloque por la “suspensión temporal” de la conversación entre gobierno y oposición auspiciada por Noruega y llamó a las partes a volver a entablar “una negociación inclusiva, creíble y seria”.
Esta negociación debe conducir a “una transición negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales transparentes y supervisadas internacionalmente”, apunta la UE, que confirma su disposición a adoptar nuevas sanciones en pro de ese objetivo.
Los 28 países, cuya política exterior es por unanimidad, siempre se han mostrado reticentes a aumentar la presión al máximo como Washington o a sancionar sectores económicos, que en su opinión empeoraría la crisis humanitaria y de refugiados en el país.
Para hacer frente a esta última, la UE agendó, junto a dos organismos de Naciones Unidas, una conferencia el 28 y 29 de octubre en Bruselas para “llamar a una mayor cooperación internacional a nivel financiero y técnico”.
“Cuenten con la UE para estar a su lado”, dijo el martes durante una reunión en Nueva York sobre la crisis humanitaria la canciller europea, que cederá el cargo a partir del 1 de noviembre a Borrell. AFP
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